Suprema Corte aceptó renuncia y paga subsidio a una jerarca vinculada a casos de acoso laboral

La renuncia de Pesce se produjo después de que la Suprema Corte dispusiera de forma urgente una investigación administrativa por las denuncias de acoso laboral que presentaron los sindicatos, y que lo tenían como principal señalado.

“Las conductas descritas son graves y se atribuyen a personas individualizadas que cumplen funciones en la Dirección General de Servicios Administrativos, lo que determinó que la Suprema Corte de Justicia, el mismo día en que fue presentada la denuncia, dispusiera una investigación administrativa con carácter urgente aún cuando en la denuncia no se identifican cuáles son las personas afectadas”, decía la resolución de diciembre del año pasado.

Por esos días la entonces presidenta de la Corte Doris Morales dijo en rueda de prensa que le había perdido la confianza a Pesce.

“Hay elementos, a mi criterio suficientes, para que se haya perdido la confianza. No debería seguir en el cargo”, consideró Morales al ser consultada por la prensa el 4 de diciembre pasado.

Renuncia y nueva polémica

Ahora, en marzo de 2024, la Suprema Corte aceptó la renuncia de quien fuera subdirectora general de Servicios Administrativos y le concede el subsidio que solicita “por el cargo de particular confianza” que ocupaba, dice la resolución de este miércoles 6.

Sin embargo, la expresidenta y ahora ministra de la Corte, Doris Morales, se opone y firmó “en discordia” la resolución. “Considero que no corresponde aceptar la renuncia presentada, puesto que según fuera conversado en el acuerdo pasado correspondía quitar la confianza a las señoras subdirectoras, en función de los hechos que surgen probados en la investigación administrativa realizada con relación a los hechos ocurrido en la Dirección General” de Servicios Administrativos, dice Morales.

“Queda claro que las mencionadas (se refiere a las subdirectoras de Pesce) tenían conocimiento de los hechos que integraron la mencionada investigación y no actuaron en consecuencia, por lo que ello es motivo suficiente para considerar que no corresponde que continúen ejerciendo los cargos que ostentan”, señala Morales, y agrega que las subdirectoras “fueron por lo menos omisas en el cumplimiento de sus funciones, lo que resulta intolerable y por tanto es causal más que suficiente para entender que no están ni estuvieron a la altura de las exigencias que cargos como los desempeñados requieren”.

Según Morales, “surgen acreditados argumentos que permiten entender que ambas conocían la situación y no tomaron decisiones que correspondían con el fin de evitar los supuestos excesos que se daban con relación a los otros funcionarios”.

Tras enumerar las violaciones a la ley 19.823 en las que, sostiene Morales, incurrieron las subdirectoras de Servicios Administrativos, la ministra sostiene que ambas son “indignas de la función que desempeñaban”.

Por esto, finaliza Morales, “no corresponde admitir su renuncia, sino dar por finalizado el vínculo en función de la traición a la confianza que en ellas fue depositada, puesto que ésta es la razón última a la que debe atender la Corporación y no a los intereses particulares de sus funcionarios”.