Senado aprobó que delitos de dictadura no prescriban

Ante esto se dio la reacción molesta de Lacalle y Ope Pasquet, que rechazaron los dichos de Lorier y los definieron como una brutalidad. La sesión debe terminar a las 20.00 o antes, ya que es un requisito necesario para que mañana pueda ingresar a Diputados.

La Cámara de Senadores de Uruguay, con los votos únicamente de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio, se encamina a aprobar hoy un proyecto de ley que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.

El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar el proyecto que consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por el aparato estatal desde 1973 y hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en el país.

Además, declara los mismos como "crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por Uruguay", señaló Michelini.

De este modo se evitará la prescripción automática el día 1 de noviembre de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado mes de mayo al declararlos "ilícitos comunes" y no delitos de lesa humanidad.

El senador Francisco Gallinal, del Partido Nacional, fue el primero de la oposición en hacer uso de la palabra y adelantó que su partido se opone al proyecto de ley porque "va en contra de la Constitución" y "desconoce dos pronunciamientos populares", dijo.

Similar postura expresó el senador Ope Pasquet en representación del Partido Colorado y afirmó que la posición contraria al proyecto de ley busca "reafirmar la soberanía popular expresada claramente y por dos veces en las urnas".

La Ley de Caducidad, cuyos efectos busca derogar el oficialismo, fue aprobada en 1986 y puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Fue refrendada por la ciudadanía en dos plebiscitos, el primero en 1989 y el segundo en el 2009, este último impulsado por el Frente Amplio.

Dos ex presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli y Roberto Parga, afirmaron que el proyecto del Frente Amplio es "inconstitucional" porque "hace retroactiva la ley penal", lo que está expresamente prohibido en la Constitución. La coalición de izquierda tiene la mayoría en la Cámara de Senadores como para aprobar su proyecto de ley que posteriormente deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Foto:  Departamento de Fotografía del Poder Legislativo