El Banco de Previsión Social comenzó a pagar una pensión especial a siete víctimas de delitos violentos como parte de una decisión del gobierno que formó parte de su “Estrategia por la vida y la convivencia” que estableció medidas de seguridad ciudadana y programas de ayuda para mitigar las tensiones sociales.
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Se pagaron primeras 7 pensiones a víctimas de delitos violentos
El BPS tiene unas 183 en lista de espera. De las 62 analizadas hasta ahora fueron rechazadas la mitad. La "estrategia por la vida y la convivencia"
Se pagaron primeras 7 pensiones a víctimas de delitos violentos
Unas 183 personas se presentaron ante el Estado para reclamar la compensación. Se trata de personas que fueron víctimas de delitos violentos o perdieron un familiar directo en esa circunstancia. Cónyuges, concubinos e hijos son los principales beneficiarios.
El BPS analiza que viene analizando 62 solicitudes. La mitad fueron rechazadas, informa hoy El Observador.
La mayoría de los pedidos proviene de Montevideo: 113. El resto corresponden a interior. Ninguno de éstos ha recibido la pensión por el momentos. La prestación ronda los 14.500 pesos mensuales.
Entre los pedidos rechazados está el de la esposa de un hombre muerto en un confuso episodio. Sin embargo, del análisis del caso se conluyó que el hombre formó parte del episodio en carácter de rapiñero.
El Parlamento aprobó la ley 10-039 en diciembre de 2012 y el Poder Ejecutivo la reglamentó en febrero de 2013. La norma establece que el 10% de los ingresos salariales de los reclusos (peculio) se destinara para atender el centro de atención a las víctimas de violencia.
Los hechos determinaron que las pensiones fueran más difíciles de acordar de lo esperado. La redacción de los partes policiales -una de las principales fuentes de información- no dan certeza absoluta de los hechos. Su redacción en condicional y en subjuntivo los hace de dudosa confirmación, informó Elvira Domínguez, directora del BPS en representación de los empresarios.
Por esa razón se creó una comisión asesora integrada por el poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Banco de Previsión Social para determinar los hechos.
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