EconomíaRendición de Cuentas

Rendidos ante las cuentas

Astori planteó aumentar el gasto en unos U$S 150 millones de dólares, a financiar con más recaudación. En lugar de gastar más, habría que pensar en reducir el rojo en las cuentas estatales.

El clima social en Uruguay está invadido por el fútbol y –seguramente- esto es buena noticia para el gobierno, que tiene que encarar la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas sin más plata para gastar. El ministro Astori planteó aumentar el gasto en unos U$S 150 millones de dólares, a financiar con más recaudación y –principalmente- con ganancias del BROU. Pero en lugar de gastar más, habría que pensar en reducir el rojo en las cuentas estatales.

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La situación fiscal es delicada: luego de ajuste fiscal aprobado en 2016 y aplicado en 2017, la recaudación aumentó, pero últimamente la tendencia ha perdido vigor. Es que la economía expresa un crecimiento más modesto y eso está en la base de la capacidad de recaudación. Mientras, el gasto sigue al alza, de tal manera que el déficit fiscal, en lugar de bajar, sube: cerró abril en 3,7% anual (había sido 3,5% en 2017).

Esto obligaría a disponer medidas para achicar el déficit. Por el lado del aumento en los ingresos, no hay margen ni económico ni político. Como decíamos, la economía está mostrando menos vigor y los cimbronazos que llegan desde la región, sumados al efecto de la sequía, obligan –sensatamente- a descartar cualquier iniciativa de aumentar ingresos por vía impositiva. Ya es suficiente por lo que se “recauda” vía tarifas estatales. Y políticamente, tampoco hay margen: los reclamos de empresarios, comerciantes, ciudadanos y productores (aquí el movimiento Un Solo Uruguay ha tenido incidencia importante), que rechazan la pesada carga tributaria en contraposición a los magros servicios estatales (entre ellos justicia y seguridad), lucen más fuertes que los reclamos de los gremios estatales por más gasto.

Pero tampoco hay margen –en lo inmediato- para reducir gastos (de hecho, ya hay algunos que están comprometidos, como el pago a los judiciales y aumentos ya establecidos para docentes). Más allá de cuestiones puntuales, la propia estructura del gasto estatal del Uruguay es extremadamente rígida y, por lo tanto, difícil de mover. En la gráfica que acompaña esta nota se muestra cómo se distribuye el gasto estatal de U$S 20.500 millones (33% del PBI), que se cubre solo en 90% con ingresos (la brecha entre ingresos y gastos es de 10%, equivalente al 3,7% del PBI). El 30% del gasto estatal son jubilaciones, 16% salarios, casi 26% transferencias (la gran mayoría comprometidas por ley), 10% intereses y apenas 7% inversiones. De lo que surge que casi 80% es gasto rígido, comprometido, inamovible, salvo a través de reformas profundas (como una imprescindible en la seguridad social). Así, mucho puede discutirse, pero poco puede hacerse. En el Parlamento se hablará de prioridades, inversiones, asignaciones, pero todo esto estará más cerca del voluntarismo y del perfilismo político, que de las reformas presupuestales profundas.

Hay que destacar la fragilidad de la inversión: apenas 7% del gasto total (e incluye empresas estatales), apenas 2,3% del PBI. Un país que aspire a crecer y –aún más- a mantener cierto grado de soberanía económica, tiene que destinar mucho más a invertir. Lo que sucede es que el gasto en los otros rubros se ha ampliado tanto, que la inversión –que no tiene gremio que la defienda- cede. Y perdemos todos.

Se plantea que la mayor parte del gasto estatal es gasto social. Pero esto es discutible. El gasto en jubilaciones se incluye en el gasto social, y –a primera vista- parece lógico. Al fin y al cabo, hablamos de Seguridad Social, como sistema. Pero las jubilaciones (también los sueldos), no son asignaciones “sociales”: son individuales y el derecho jubilatorio es individual e inalienable. Y, como si fuera poco, su ajuste anual –siguiendo al salario- está dispuesto en la Constitución.

Contrariamente, la inversión no se considera gasto social. Pero ¿hay gasto más “social” que invertir en infraestructura, sin nombre y apellido? Saneamiento, rutas y caminos, obra pública en general, es gasto social por excelencia. Pero los uruguayos tendemos a verlo al revés.

Cuando la economía acompaña, todo esto tiende a soslayarse. Cuando la cosa se complica, ya es tarde para reformas sensatas y profundas, y se entra en discusiones superficiales, con propuestas más efectistas que efectivas: reducir la publicidad (en pleno siglo XXI…), recortar los viajes (en la era de la globalización…) o impedir el ingreso de nuevos funcionarios al Estado (una insensatez en cualquier siglo).

De todo esto surge que los problemas presupuestales tienen raíces profundas y son difíciles de superar. Y, ya cerca de las elecciones, seguramente habrá que esperar al próximo gobierno. ¿O será que en la campaña electoral se discutirán estas cosas a fondo?

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