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¿Qué es el Impuesto a la Concentración Inmobiliaria Rural?
El proceso de aprobación, que llevó casi todo el año 2011, sienta un fuerte precedente en la relación del Estado con el empresariado. Preguntas y respuestas
* ¿A quién afecta?
El impuesto grava las superficies superiores a 2.000 hectáreas Índice Coneat 100. Afectará a unos 1.100 productores sobre un total de 47.000. Afectará a unas 4.8 millones de hectáreas sobre un total de 16 millones que existen en Uruguay con fines de producción.
* ¿Por qué se aplica?
En principio, para evitar la concentración de tierra en manos de unos pocos productores. Así lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente José Mujica, quien opina que la tierra es un bien escaso en todo el mundo y debe valorizarse.
* ¿Cuánto se recaudará y para qué será destinado?
Aproximadamente 63 millones de dólares. El impuesto tiene dos capítulos: uno para el arreglo de carreteras y caminería rural, y otra para la compra de tierras destinadas al Instituto Nacional de Colonización. Pero el principal objetivo declarado por el gobierno es la reparación de carreteras y rutas.
* ¿Cómo se llevará a cabo la administración de los recursos?
La ley prevé la creación de una Comisión Sectorial que trabajará en conjunto con las intendencias de todo el país. No está claro todavía cómo se instrumentará el financiamiento. El presidente José Mujica propuso crear un fideicomiso de 400 millones de dólares que permite el adelanto de recursos para implementar las obras en el futuro más inmediato posible. Los fondos también deben tener en cuenta compra de maquinaria que hoy el país no tiene.
* ¿Afectará valor de la tierra?
En los últimos ocho años subió a un ritmo del 23% anual. El ministro Aguerre invocó la “productividad total de los factores” y al “progreso técnico” ocurrido en el período 1980-2010. “Si miramos el producto bruto agropecuario de hoy veremos que el 56% se explica por el progreso técnico”.
Otros expertos creen, al contrario, que el precio de la tierra bajará. La ingeniera Virginia San Martín de Cooperativas Agrarias Federadas dijo que a mediados de los 80, los impuestos a la tierra representaban el 80% de lo que se recaudaba a nivel agropecuario. Actualmente tiene una significación del 30%. San Martín explicó que otros impuestos han ocupado ese lugar como los impuestos sobre la renta –IRA e IMEBA- representan casi el 30%, en tanto los impuestos indirectos –IVA e IMESI- representan 38% del total de la recaudación. El regreso a un impuesto a la tierra, dijo la experta, penaliza la tenencia del activo. Este hecho, según su visión comprometería la incorporación de tecnología porque si el valor de la tierra es menor “legitima un menor uso de la tecnologías agropecuarias”.
* ¿Se eliminará el impuesto a los semovientes?
Derogar el impuesto creado en 1960, era una de las contrapartidas prometidas por el gobierno para sancionar la ley. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento que ratifica el acuerdo alcanzado con los intendentes por la patente única para no eliminar el impuesto del 1% que cobran las intendencias por la enajenación de semovientes. No obstante, los ganaderos recibirán como contrapartida una compensación fiscal del gobierno que “licuará” dicho tributo. Se dejaría de recaudar 19 millones de dólares
* ¿Hay más concentración de la tierra en el país?
Sólo en la gama o franja superior a 5.000 hectáreas. Cuando este análisis lo hacemos separando propietarios de tierra agrícola de propietarios de tierra agrícola con destino forestal, se observa que la gran concentración de este tipo de actividad se dio en los últimos diez años, en especial por el sector forestal”. El ministro precisó que fueron algo así como 770.000 hectáreas, de las cuales 494.000 son forestales. Hubo un desplazamiento de 1.3 millones de hectáreas que estaban en régimen de arrendamiento que fueron vendidas.
El semanario Búsqueda informó a mediados de 2011 que 15 empresas –casi todas corporaciones extranjeras- explotan en Uruguay 1.4 millones de hectáreas, equivalente a tres departamentos del sur del país
* ¿Es urgente arreglar las carreteras en el país?
Es una prioridad. Un 27% de las rutas nacionales se encuentra en un estado “malo y muy malo”, de acuerdo a un informe de “Estado de confort” presentado al Parlamento en octubre de 2010 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En 2004, el transporte del sector agropecuario –carne, leche, granos, madera- era de entre 7 y 8 millones de toneladas. En 2009, era de entre 14 y 15 millones de toneladas. Se estima que en 2105, cuando esté operativo el proyecto de Montes del Plata, la carga alcanzará las 22 millones de toneladas.
* ¿En cuánto aumenta la presión fiscal para el sector agropecuario con el ICIR?
La presión tributaria ronda el 7% del Producto Bruto Interno. Según datos del senador colorado Pedro Bordaberry la presión se elevaría a 8,7% del PBI. Otro punto que es duramente criticado es el cambio que produce ICIR sobre el Impuesto a la Renta por venta de inmuebles rurales. La venta de inmuebles estuvo exonerada al crearse el Impuesto en la Renta de las Personas Físicas (TRPF). Según un ejemplo dado en la Comisión de Hacienda del Senado, el nuevo régimen cambia la ecuación. Una empresa que compró un campo en 2006 en 1 millón de dólares, y lo vendió a 7 millones en 2012 verá multiplicado su aporte diez veces o más. Siguiendo este ejemplo, por el anterior régimen pagaría 105.000 dólares y por el vigente pagará 1,397 millones de dólares.
* ¿Es justo el impuesto con el mapa productivo del país?
Hay quienes opinan que no. El senador colorado Pedro Bordaberry citó, en ese sentido, una investigación de Pedro Arbeleche, Macarena Coppola y Cintia Palladino: “Análisis dinámico del agronegocio como forma de gestión de las explotaciones agrícolas en América del Sur: el caso de Uruguay”. El trabajo da una cifra extraoficial de la concentración de tierras en el país: 1% de los productores posee el 30% del área cultivada. Bordaberry da el ejemplo del grupo argentino sojero Los Grobo, y lo señala como el mayor concentrador en el área agrícola. Muchos grande sproductores no pagarán ICIR por la cantidad de campo que explotan debido al subarrendamiento de tierras.
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