Presidente Vázquez quiere iniciar el proceso para demoler Unidad Casavalle

Fue otro de los tantos reclamos del director nacional de Policía Mario Layera. Se hará un censo poblacional antes de tomar cualquier medida.

El presidente Tabaré Vázquez parece estar respondiendo a las críticas del director nacional de Policía Mario Layera.

Una de ellas era mayor coordinación entre los organismos públicos que tienen algún punto en común con la seguridad ciudadana.

El viernes último, el mandatario reunió a sus ministros y les pidió "mayor compromiso" con el trabajo policial.

Luego anunció que habrá una coordinación directamente gestionada desde Presidencia de la República.

Este jueves también El Observador abordó el tema de las respuestas de Presidencia a los reclamos del principal del país.

Vázquez tiene la firme intención de iniciar el proceso para demoler la zona de Casavalle conocida como "Los palomares".

Se trata de un distrito clave para el crimen organizado y un foco de asesinatos por ajustes de cuenta.

Antes, Presidencia quiere solicitarle al Ministerio de Desarrollo Social un censo poblacional. En principio, iba a ser realizado por alumnos de la escuela Nacional de Policía. Centenares de esas personas, que no están ligadas al crimen, deben ser removidas hacia otras regiones.

¿Por qué Vázquez tomó e control directo de estas acciones?

El País tituló este jueves con una lectura de este hecho, al que se sumó la ausencia del ministro del Interior en una jornada de reclamos de seguridad de vecinos de San Luis ocurrida el martes último.

Según el diario, Vázquez quiere "sacarle presión" a Bonomi.

La oposición, encabezada por el nacionalista Jorge Larrañaga salió a juntar firmas para reformar la Constitución, el impedimento para permitir allanamientos nocturnos con mediación judicial, reclusión permanente de 30 años para delincuentes que cometen delitos violentos y crear una Guardia Nacional de 2.000 efectivos policiales que cumplan trabajo de patrullaje.

Larrañaga necesitará 280.000 firmas para conseguir plebiscitar estas iniciativas.

El presidente está preocupado por todos estos temas que podrían jaquear -como lo han hecho otros temas como el campo- sus últimos meses de gestión.

Las afirmaciones del director nacional de Policía pusieron en aprietos a la Administración.

Layera dijo varias cosas preocupantes. la primera es que la Policía no tiene y no tendrá recursos para controlar a una población en la que lo marginados son un sector en crecimiento ex ponencial.También dijo que el Estado no colabora con información relevante para el trabajo policial. Puso como ejemplo el Mides y luego criticó con dureza a la Fiscalía General a la que acusó de caos, especialmente desde que se implementó en noviembre último el nuevo Código del Proceso Penal.

Pero Layera también hablaba del BPS, la DGI, Primaria y otros organismos.

A todos ellos Vázquez los sentó en la mesa el martes último y les pidió "celeridad" en la información.

En cuanto al ministerio público, el conflicto viene de tiempo atrás.

Los fiscales ahora tienen un fuerte poder sobre el accionar policial, pero no poseen infraestructura para responder por los delitos violentos. En Montevideo hay un solo fiscal especializado, Juan Gómez, que ya tiene un centenar de expedientes en su oficina a los que no puede atender del todo en un momento pico de homicidios.

El director de Policía también dijo que el gobierno no tiene voluntad política de demoler las zonas que hoy están sitiadas por el narcotrafico.

Layera se basa en experiencias realizadas en países nórdicos en las que el estado demolió barrios en los que mandaba el crimen organizado y los sustituyó por áreas educativas y de recreación.

Uno de esos ejemplos es la Unidad Casavalle. Pero también se mencionan otros polos de conflicto como Cerro Norte

En ese sentido Vázquez quiere potenciar las redes de información del Estado. Por eso convocó a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic).

Su director, José Clastornik, estuvo en la reunión y dijo que el organismos estará encargado de procesar los datos y hacérselos llegar al presidente.

"No es crear nuevos sistemas sino usar correctamente los que hay", dijo Clastornik a El Observador.

El funcionario mencionó el Sistema de Información Integrada del Área Social en el que -dijo- el Ministerio del Interior "no está todo lo activo" que se espera.

Todos los organismos mencionados por Layera están allí e intercambian datos bajo confidencialidad.

EL SUBSECRETARIO YA HABÍA ANUNCIADO DEMOLICIÓN

Las declaraciones de Layera obligaron a una rápida respuesta del Ministerio del Interior.

En ese momento, el titular de la cartera Eduardo Bonomi estaba de viaje oficial en Rusia y había solicitado una licencia especial para conocer a sus nietos nacidos en Francia.

En su ausencia fue el subsecretario Jorge Vázquez quien salió a explicar la posición del Ministerio del Interior y a reunirse con el fiscal de Corte Jorge Díaz, molesto por los dichos del funcionario policial.

Vázquez suavizó los dichos de Layera señalando que la hipótesis de que Uruguay sea cvomo El Salvador o Guatemala era algo que se había conversado dentro del ministerio y nada que no se hubiera dicho antes a nivel público.

Sobre la demolición de puntos claves del crimen organizado, el ministtro interino dijo a Subrayado que había una decisión del gobierno de enfocarse en Casavalle.

Vázquez dijo que son viviendas “inhóspitas”, y que los pasajes se vuelven como “laberintos” donde es difícil la intervención policial.

En acuerdo con la Intendencia de Montevideo se demolerán esas viviendas cuando ya no haya nadie en ellas.

Vázquez aseguró que la decisión está tomada y se llevará adelante.

JORGE VAZQUEZ SOBRE LAYERA

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