La Presidencia de la República firmó un nuevo decreto sobre la situación de la mutualista Casmu, en el que concede nuevas potestades a los interventores.
Presidencia firmó un decreto que otorga más potestades a los interventores de Casmu
La ministra de Salud Pública había solicitado más potestades en el Parlamento, pero no fue incluído en el decreto de la garantía.
Los interventores comenzaron a trabajar en la mutualista a comienzos de agosto, luego de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, así lo resolvió, sin desplazar a sus autoridades.
El trabajo de estos estaba regido hasta el momento por una normativa de 2004, el (139/004), en sus artículos 7, 8 y 9. Estos establecen que los interventores "tendrán las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación" permitiendo esto: "Inspeccionar y comprobar los aspectos externos de las operaciones de la Institución. Inspeccionar y comprobar documentación. Auditar la contabilidad. Inspeccionar comprobantes. Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la Institución que consideren irregulares, dando cuenta al Ministerio de Salud Pública. Sugerir los correctivos que estimen pertinentes". También deberán "velar por el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, así como por el buen funcionamiento de la Institución, debiendo abstenerse de intervenir en forma inadecuada o indebida en la gestión de la misma, excediéndose en las potestades otorgadas por el artículo anterior". Además, "dentro de los sesenta días de decretada la intervención, los interventores designados deberán elevar un informe a la Dirección Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública con un diagnóstico de la situación".
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Ahora, con las nuevas potestades, los interventores podrán "requerir cualquier tipo de información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, quedando facultados a denunciar cualquier impedimento u obstaculización de acceso ante el MSP". Otro de los artículos del nuevo decreto permite elevar informe fundado a la Directiva de Casmu, con "sugerencias de negativa de asunción, renovación o pago de cualquier obligación que no esté dispuesta en el plan de reestructura" y que comprometa el equilibrio económico financiero de la mutualista, y que no haya información suficiente.
Si existen situaciones que entiendan relevante informar al MSP, "en cualquier momento", podrán hacerlo. También remitir al Parlamento informes a través de la cartera, por iniciativa propia o por requerimiento. También podrán colaborar con la Comisión de Seguimiento que creó la ley que concedió la garantía al Casmu.
"Asimismo, deberán emitir un informe favorable para que los Ministerios de Economía y Finanzas y Salud Pública autoricen la emisión de las garantías necesarias que permitan los desembolsos del préstamo bancario que obtendrá Casmu en el marco de la Ley N°20.325", finaliza el texto firmado este lunes por la presidenta en ejercicio Beatriz Argimón.
Cuando se trató la ley de la garantía de 56 millones de dólares en el Parlamento, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, había solicitado más potestades para los interventores pero no fueron concedidas por los parlamentarios.
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