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Policías analizan huelga por la crisis carcelaria

Realizarán mañana una asamblea. Culpan al sistema político del manejo en cárceles y de la posición vulnerable de los uniformados. Bajo salario y sospechas de corrupción

 

Este miércoles, el Sindicato Único de Policías del Uruguay convocará a una huelga en protesta por la crisis carcelaria y el manejo que el sistema político ha llevado a cabo en la ocasión.

Los gremios -agrupados en la Confederación Uruguaya de Policías- realizarán una asamblea para evaluar la situación.

El comunicado dice textualmente:  “El sistema político es responsable de esta situación, donde actúa con celeridad para ubicar a reclusos violadores de derechos humanos, construyéndole cárceles y teniéndolos en buenas condiciones, mientras al resto de la población reclusa y, por ende a nuestros compañeros, se los tiene en condiciones lamentables”.

Los policías sindicalizados creen que las cárceles deben salir de la jurisdicción del Ministerio del Interior.

La situación de los guardiacárceles es una de las más comprometidas, incluso dentro de las malas condiciones generales en las que trabaja la Policía.

Pese a los esfuerzos del Ministerio el Interior de mejorar el salario policial, la situación sigue siendo penosa.

Unos 600 policías trabajan en los penales de Libertad y Comcar con serias dificultades, en régimen de internado por quince días y quince de descanso.

En los módulos más peligrosos del Comcar, por ejemplo, hay tres policías por turno para controlar 600 presos. Así trabajaban en los módulos 4 y 5 cuando estalló el motín de la pasada semana.

También las condiciones de seguridad son realmente vulnerables. La muerte del policía Oseas Pintos, de 27 años, a manos del delincuente Eduardo Brasil Sastre, demostró a facilidad con que los presos obtienen armas dentro del sistema penitenciario.

También allí los policías están bajo sospecha. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo públicamente que -desde su punto de vista- fue un caso de corrupción. Trascendió en ese sentido, que un arma se consigue por 20.000 pesos.

El saliente coordinador de Cárceles del area metropolitana, Inspector General (r) Eduardo Pereira Cuadra, culpó a los familiares de los reclusos.

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