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Pareja dominicana con bebé de 12 días será desalojada tras ser estafada con el alquiler

La situación de los inmigrantes engañados por un hombre que les cobró el alquiler por adelantado y huyó con el dinero es angustiante.

Una de las familias estafadas con el alquiler en el edificio de Hermano Damasceno y Paysandú está integrada por dominicanos con una bebé recién nacida en Uruguay.

Jander llegó al país en febrero de 2017, donde ya vivía su mamá. Vino con la intención de empezar a trabajar y terminar la carrera de ingeniero en Sistemas, que ya había comenzado en República Dominicana.

El año pasado se trajo a su novia y juntos lograron reunir 5.000 dólares para pagar dos años de alquiler por adelantado, con luz y agua incluidos, en un apartamento del edificio de Hermano Damasceno y Paysandú.

El negocio lo hicieron con un intermediario que representaba al dueño del edificio y firmaron unos papeles que no sabían que no tenían validez legal.

Jander y su familia tienen orden de desalojo para el lunes próximo y no tienen a dónde ir.

Él trabaja en un taller de cartelería y el sueldo apenas le da para los gastos diarios. Su señora trabajaba como empleada doméstica, pero fue despedida el año pasado, cuando quedó embarazada. Como no estaba inscripta en el BPS, acordaron una indemnización con la familia empleadora, pero quedó sin ningún beneficio social. La bebé nació hace 12 días.

IDAS Y VUELTAS

La ONG “Idas y vueltas” que trabaja con migrantes en asociación con la cátedra de Antropología Social de la Facultad de Humanidades, viene alertando hace tres años de la necesidad de regular a las pensiones y algunas formas de alquileres.

Leonardo Fossatti, de “Idas y vueltas”, reclamó una solución a la situación de estas personas que, en la mayoría de los casos, es “emergente” y “urgente”. Afirmó que muchas pensiones están en pésimas condiciones y cobran entre $ 14.000 y $ 16.000 por una habitación.

Según la ONG, que trabaja especialmente sobre temas de vivienda, los dueños de pensiones y apartamentos que se alquilan de manera irregular cambiaron su población objetivo y ahora apuntan a los inmigrantes.

“Hay que empezar a tomar medidas serias de parte del Estado. Hay regular estos negocios para que la persona que elija vivir en una pensión, sea de población nacional o de población migrante, no tenga que estar condenada a vivir en las peores condiciones”, apuntó Fossatti.

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