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Panama Papers: en 40 años, uruguayos crearon 5.000 sociedades off-shore

La filtración de documentos a nivel global da cuenta de la intensa relación de estudios jurídicos uruguayos con la firma Mossack Fonseca.

Uruguay se encuentra entre los diez países que más ha demandado sociedades off-shore al estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, cuyos documentos generaron un gran escándalo financiero internacional denominado "Panama Papers".

En casi 40 años, los clientes uruguayos crearon 5.000 empresas que desviaron dinero a paraísos fiscales, según la investigación de más de 300 periodistas reunidos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Búsqueda forma parte del grupo de más de 100 medios de comunicación que participaron de la investigación, y este jueves publica abundante información al respecto.

Prueba de la intensa relación empresarial con Uruguay, el estudio panameño ha tenido sede en Montevideo desde hace años. Uruguay es además el país de origen que más clientes ha provisto para el estudio jurídico: 298, según consigna Búsqueda.

Se trata de bancos, firmas financieras y estudios de abogados que han intermediado. Una lista de cientos de estudios están relacionados con las operaciones, entre los más prestigiosos se encuentran Ferrere, Guyer & Regules, Lussich Torrendell, así como firmas globales con asiento en Uruguay como PricewaterhouseCoopers International, entre otras.

El resultado de esa investigación -que proviene de una "fuente anónima"- fue publicado como primicia en el diario alemán Sudeustche Zeitung. Según Wikileaks, pionero en la filtración de documentos secretos, el financiamiento de la operación correspondió al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos de cooperación, habitualmente vinculados a la CIA y acusados de espionaje en países en desarrollo.

En el extenso informe que publica este jueves, Búsqueda menciona a algunos de los uruguayos que han solicitado los servicios de Mossack Fonseca, considerado el cuarto estudio jurídico en el mundo en materia de creación de sociedades off-shore.

En el mismo, el subdirector de Rentas, Álvaro Romano, aclara que en lo que tiene que ver con las sociedades anónimas el informe Panama Papers "no es muy relevante", ya que en Uruguay rige el principio de la "Fuente Territorial", es decir que las rentas que quedan sujetas a imposición son las que se generan dentro del propio territorio nacional.

No tendría relevancia, explicó Romano, a nivel de la Renta de las Actividades Económicas, a diferencia de países como España y  otros en los que existe el criterio de "Renta Mundial".

El subirector de Rentas dijo que podría existir "algún tipo de relevancia" a nivel del Impuesto a la Renta de las personas Físicas, porque una ley impuso gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones generados en el exterioa partir del 1º de enero de 2011.

La ley 18718 -precisa Búsqueda- aplica desde entonces 12% de IRPF sobre los intereses generados por depósitos en el exterior de residentes uruguayos.

Antes de esa fecha no existía obligación de informar sobre depósitos o acciones. Tampoco estaban gravados los intereses o dividendos por impuesto alguno.

Para desalentar estas medidas, el impuesto obliga a pagar sobre esos intereses una cifra similar al costo de tener el dinero colocado en el Banco República.

Según Búsqueda, esta cifra ronda los 10 millones de dólares anuales.

Es legal tener una off shore. El secretario general Antilavado, Carlos Díaz, dijo que problema es la procedencia y el destino del dinero. "Negocios son negocios", comentó.

"Mientras algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es de los estudios no de las personas, sino que, de acuerdo a como vienen las cosas en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar algunos aspectos de la legislación".

De todos modos, en el caso uruguayo Búsqueda publica una nota titulada "Juan Pedro Damiani, cliente rivilegiado de Mossack Fonseca que se volvió un riesgo por sus presuntos vínculos con el lavado de dinero".

El informe describe cómo el estudio Mossack Fonseca después de años de ofrecerle un trato privilegiado al estudio de Damiani, en 2014 lo calfiico como "un cliente de riesgo" y estuvo a punto de cortar los lazos comercales por la gestión de los negocios de Eugenio Fgueredo, y Hugo y Mariano Jinkins, todos ellos presos por el escándalo de corrupciòn en la FIFA.

Además, sociedades que compró Damiani luego fueron transferidas a acusados de presuntos casos de lavado de dinero, básicamente dirigentes kirchneristas.

Según Búsqueda, el estudio Damiani llegó a manejar más de 300 empresas creadas a través de Mossack Fonseca.

La propia hermana de Damiani, la empresaria rural Patricia Damiani, aparece como una de los tantos uruguayos que figuran como dueños de sociedades off-shore.

Ayer, el presidente de Peñarol renunció al Comité de Ética de la FIFA para que se le abra una investigación.

El caso Figueredo ya tuvo amplia difusión en Uruguay, pero los "Panamá Papers" agregan nuevas "inversiones" del exvicepresidente de FIFA y de su esposa, Carmen Burgos.

Figueredo fue apresado en Suiza y extraditado a Uruguay pese a que Estados Unidos también reclamaba su enjuicimiento porque parte de los sobornos recibidos -por la concesión de trasmisiones deportivas- pasaron por el sistema financiero ese ese país.

Haley Equities, que tiene a Burgos como accionista, adhirió al fideocomiso Imperiale Rambla como promitente comprador de 22 unidades en el condominio hotel Hyatt Montevideo.

El contrato por 50 millones de dólares fue firmado en 2012 entre Hyatt Hotel Corporation y el estudio arqutectónico Weiss Sztryk. Se llevó a cabo en la Torre Ejecutivacon la firma de Antonio Carámbula como ministro interino de Turismo. El precio de cada unidad superior fue estimada en 264.000 dólares.

La lista divulgada por Búsqueda es diversa y nombra empresarios y profesionales relevantes del medio sin gran detalle acerca de sus inversiones en el régimen off-shore.

Entre los mismos aparecen los empresarios del software Nicolás Jodal -titular de Genexus- y Miguel Brechner, director del Plan Ceibal y asesor de primera línea de Tabaré Vázquez.

En declaraciones Búsqueda, Jodal dijo que las sociedad pagan impuestos y "no hay nada que ocultar".

Por su parte, Brechner dijo que creó la sociedad como un "Trust Fund" seguro para sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir en compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay y la región.

También aparece Marcel Gerwer, empresario inmobiliario y esposo de la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Gerwer explicó a Búsqueda que la sociedad se creó hace cuatro años para comprar propiedades en Miami.

Javier y Julio Lestido, (sector automotor) Martín Secco (sector frigorífico), Julio Deicas (sector vitínicola, aeropuerto de Laguna del Sauce) y Máximo Fernández (dueño de la fundida pesquera Fripu) son otros empresarios reconocidos que aparecen en la lista del consultorio panameño.

El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, otro de los nombrados en la lista, confirmó tener una de estas sociedades para comprar un inmueble en Washington. La propuedad se vendió y ahora la sociedad está en liquidación, explicó.

"No estamos evadiendo ningún impuesto; hasta hoy se puede tener un inmueble en el exterior sin que esté gravado en Uruguay", explicó y describió como ventajas que se trata de un mecanismo de "fácil manejo", "fácil contabilidad" y "poco gasto de mantenimiento", sobre todo para "bienes personales".

En la lista publicada por el semanario Búsqueda aparece el catedrático de Derecho Financiero José Luis Shaw, el abogado Alfredo Kaplan, los corredores bursátiles Víctor Paullier, Pablo Montaldo, Eduardo Maiorano, Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Federico Rebagliatti, el excorredor Pedro Konrad, los empresarios Pablo y Adolfo Cardoso (vinculados a Búsqueda y al supermercadismo), el consultor financiero Michele Santo, el exdirector del Banco Hipotecario por el Frente Amplio Cr. Elbio Scarone, los exexministros colorados de Economía Ricardo Zerbino e Isaac Alfie, el presidente de Zonamérica Orlando Dovat y el director de la empresa de logística Costa Oriental, Daniel Carriquiry.

Otros empresarios que aparecen -como tenedores o habiendo tenido alguna vez- empresas off-shore spn los exfutbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez, hoy reconvertidos como representantes de futbolistas. Crearon una sociedad con sede en islas Seychelles a fines de 2012 para "prestar servicios" a clubes deportivos y futbolistas, así como también abrir cuentas bancarias en el exterior.

Diego Forlán, cuyo nombre había aparecido también en el llamado "Swissleak", también es titular de una sociedad llevada a cabo en el estudio Mossack Fonseca. En 2014, el futbolista de Peñarol aparecía como director y tesorero de la sociedad. La misma aparece como activa incluso hasta enero de 2016, precisa el semanario.

El líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry salió a aclarar que nunca tuvo una off shore en Panamá. Sin embargo, según Panama Papers aparece vinculado a Portmar Invest Group junto a su socio de entonces Diego Viana.

El tema salió a luz entre otras cosas por la denuncia de irreglaridades en la compra de un campo a través de esta sociedad.

El martes 5, Bordaberry emitió un comunicado en el que afirmó nunca haber utlizado una sociedad de ese tipo.

Antes de ser candidato presidencial, Bordaberry trabajó en un estudio jurídico en el que -como todos los abogados- tuvo poder asignado para una sociedad panameña de un cliente.

El dirigente blanco Francisco Gallinal también fue beneficiario de una sociedad panameña, aunque ésta "nunca tuvo actividad ni movió fondos".

El excandidato a la Intendencia de Montevideo por la Concertación, Edgardo Novick, fue otro de los nombrados en la lista de "Panama Papers".

Aparece como director de Artko management con sede en Islas Seychelles. En 2010, el estudio Rozenblum habría tramitado ante Mossack Fonseca un cambio en el directorio para que Novick fuera sustituido por otro uruguayo en el directorio.

El excandidato se mostró sorprendido ante la consulta de Búsqueda. Aseguró que "no es cierto" lo que dice el informe y que la sociedad "nunca existió". Es más: dijo desconocer la existencia del estudio Rozenblum.

Se trata del mismo estudio que gestionó ante Mossack Fonseca sociedades anónimas para el empresario Francisco "Paco" Casal. Según un correo de 2008 mencionado por Búsqueda, Rozenblum y asociados solicitó "con urgencia" a la filial de Mossack Fonseca en Uruguay que emitiera poderes generales a nombre de Casal de cinco sociedades anónimas.

Ante la alarma mundial que se generó en torno a Panamá, el vicecanciller ese ese país, Luis Hincapié, aclaró los verdaderos alcances de la información filtrada.

 

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