Paciente demandará al MSP por intento fallido de aborto

La mujer asegura que le fue suministrado sólo uno de los dos medicamentos previstos en la reglamentación y después no le practicaron un legrado por estar fuera de fecha.

 

Laura Galván es usuaria de salud pública y demandará al MSP por mala praxis por un intento fallido de aborto debido a una falla en la medicación suministrada.

La mujer aseguró que luego del tratamiento medicamentoso se presentó en el hospital de Las Piedras para que le practicaran el aborto mediante un legrado, pero le fue negado porque estaba en su 13ª semana de gestación (una más de la que autoriza la ley). 

La usuaria denunció que solo le suministraron el misoprostol y no el conjunto de dos drogas para que el aborto sea efectivo a través de la medicación.

Galván indicó que al concurrir al hospital con su abogado le sugirieron que consiga la medicación por su cuenta para intentar una vez más practicarse el aborto y que lo único que le podían dar era apoyo psicológico, según relató a El Observador.

La paciente agregó que a pocas horas de cumplir el plazo legal para interrumpir su embarazo le marcaron consulta con un ginecólogo para dentro de seis días.

La directora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi, aseguró que desde el 28 de diciembre pasado están disponibles en todos los centros de salud del país tanto el misoprostol como la mifepristona que combinados son efectivos en el 98% de los casos.

Rieppi reconoció que en la primera consulta no se le suministró la mifepristona a Galván porque no había en el hospital de Las Piedras.

La paciente aseguró que consultó el 2 de enero cuando la medicación ya debería estar disponible según Salud Pública.

Para el MSP el caso de está cerrado ya que la paciente está en su 13ª semana de gestación y por lo tanto, el aborto está fuera del plazo previsto por la ley.

Galván tiene 42 años, está casada y es madre de un hijo. Cuando se enteró que estaba embarazada, por su edad y su condición económica, decidió junto a su esposo que quería interrumpir la gestación, según El País.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa para determinar de quién es la responsabilidad en el caso.

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