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Otras dos personas procesadas por estafa millonaria al FONASA

La Junta Nacional de Salud (JUNASA) estima que la estafa costó al Estado unos 900 mil dólares por año.

La justicia procesó a otras dos personas por maniobras fraudulentas a través del Fondo Nacional de Salud.

En este caso son dos mujeres, una que cobró seguro por desempleo durante seis meses en forma indebida y otra por ser titular de una de las empresas “fantasma” registradas ante BPS.

Durante varias horas la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco indagaron a estas dos mujeres que tenían conexión con la red de estafadores que practicaron maniobras fraudulentas en perjuicio del Fondo Nacional de Salud.

Una de las procesadas figuraba como titular de una de las empresas fantasmas registradas ante el BPS y a través de la cual sus ficticios trabajadores eran afiliados a mutualistas de Montevideo generando ingresos por las cápitas que pagaba el Banco de Previsión Social.

La otra mujer procesada figuraba como apoderada de la empresa y figuró en los registros del Banco de Previsión Social cobrando un subsidio por desempleo durante seis meses cuando no le correspondía.

La denuncia inicial surgió a raíz de un afiliado a una mutualista que dijo ante la justicia que figuraba como empleado de una empresa para la cual nunca trabajó.

Desde ese momento la justicia comenzó a investigar si existían otros casos similares y cuál era el beneficio de estas maniobras.

El ideólogo de la red de estafas, recluido en Cárcel Central, admitió ante la jueza y fiscal que había creado al menos 80 empresas unipersonales, la gran mayoría de ellas vigentes.

La mayoría de las empresas constituidas son del rubro servicio doméstico, elegido no solo por la estructura sino por lo fácil de evadir controles.

En el BPS les asignaban un usuario por internet a nombre del titular y tenían acordado que si surgían inconvenientes una funcionaria del BPS que cumple funciones en la división jurídica habilitaría los expedientes para que los mismos no fueran derivados a la justicia penal.

Todos los reclutados para las empresas ficticias eran de barrios humildes y de asentamientos. Se los incorporaba a las planillas de las empresas a cambio de retribuciones de 500 pesos.

El cabecilla de la banda dijo a la jueza y la fiscal que obtenía un beneficio de 1500 pesos por cada uno, admitiendo que afilió a unas 700 personas.

La Junta Nacional de Salud (JUNASA) estima que la estafa costó al Estado unos 900 mil dólares por año.

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