Oposición cuestiona que no hay "hoja de ruta" ante "problemas estructurales" en INAU; la respuesta de la institución

OPOSICIÓN

"Más que de las situaciones particulares, creo que aquí hay que hablar de un sistema que tiene problemas estructurales desde hace tiempo", dijo Robert Silva, convocante, tras enumerar seis muertes que ocurrieron de menores y jóvenes bajo el amparo de INAU. "Ahora, porque exista un sistema que tiene problemas estructurales, no vamos a dejar de hacer lo que consideramos que hay que hacer. Justamente para atender esas situaciones que se dan, máxime cuando vienen concatenadas con otras", agregó el senador.

El senador colorado cuestionó que información sobre muertes de menores llegó a través de la prensa y no directamente por la institución.

"El INAU ha reconocido la existencia de debilidades estructurales y ha presentado lineamientos estratégicos generales que los conocimos al detalle en la instancia presupuestal. Sin embargo, aun no se advierte con claridad una hoja de ruta concreta, normativamente definida, y verificable que permita cerrar las brechas que se están identificando", dijo Silva.

Robert Silva cuestionó que haya cambios de jerarquías en INAU "según el gobierno que está" porque eso "perfora la estructura de la institución". Y que no haya concursos para profesionalizar los cargos.

"No puede una estructura organizacional funcionar bien si no tiene mínima estabilidad, mínima carrera funcional mínima profesionalización", dijo.

"Se está utilizando una herramienta de larga data para sustituir funciones de distinta naturaleza. Encargaturas reiteradas en niveles de conducción departamental. Encadenamiento de encargaturas, un cese genera múltiples nuevos encargos. Duraciones indeterminadas hasta nueva resolución, concentración de escalafón de conducción más allá de lo que corresponde por ser cargos de confianza política o asesoría.

Otro cuestionamiento de la oposición es por la contratación directa de la Universidad Atlántida de Argentina.

"Lo primero que se ha vulnerado es que el INAU quiso hacer un convenio con esta universidad y todos los servicios técnicos le dijeron que no corre, tiene que ir al Tribunal de Cuentas, tiene que pedir autorización a la Presidencia, tiene que cumplir con la normativa, porque las repúblicas se gobiernas con las normativas, por las resoluciones de sus organismos. Y no por las voluntades de quienes circunstancialmente están en los cargos", dijo Robert Silva.

"Esta resolución se toma por dos votos, cuando no tenían que ser dos votos, en ausencia de la presidenta del organismo y con solo la voluntad de uno de los tres integrantes, y se dispone gastar 250 mil dólares como la que te criaste sin mayor argumentación, pero lo que es peor, sin respetar lo que este país tiene en materia de formación", añadió.

Silva remarcó que hubo cuestionamientos varios respecto a esta contratación, incluyendo docentes desde la Universidad de la Republica, que hablan de argumentos de legalidad y mérito.

"Es de las peores universidades de Argentina", remarcó el senador y aseguró que tiene antecedentes de títulos fraguados y que su actual rector fue procesado por estafa. Agregó que la diplomatura por la que fue contratada por INAU "no está reconocida" en Argentina.

"Yo creo que acá hay un uso discrecional de recursos públicos con un objetivo claro, tratar de a fin de año, en noviembre, ejecutar 250 mil dólares para que no se fueran a rentas generales, y se hizo mal, violentando el ordenamiento jurídico", cuestionó.

Sobre los CAIF, para la oposición hay "falta de prioridad" en estos centros. "Ratifico y estoy de acuerdo que hay que universalizar 1 y dos años. Hay que tender hacia eso. No lo veo en el INAU, no está en su propuesta presupuestal", dijo.

"No vemos una política clara y por el contrario, hasta se ha expresado que no es prioridad para el INAU", añadió.

Las preguntas:

GOBIERNO

La presidenta de INAU, Claudia Romero, coincidió en la importancia de tratar los fallecimientos, y se refirió a que la tarea en el instituto está atravesada por un "contexto social más amplio que se viene agudizando".

"La pobreza infantil, la crisis de salud mental que también atraviesan niños niñas y adolescentes, las violencias en sus múltiples expresiones, incluida las violencia comunitaria y la participación de niños, niñas y adolescentes en economías ilegales, son el escenario en el que interviene el instituto como último recurso público, destinado a la protección, al acogimiento y la reparación", dijo.

La directora se refirió a dos aspectos que hay que profundizar, el centro de breve estadía (ex Tribal), del que la oposición reclama su cierre, y las salidas no acordadas. Sobre el centro de breve estadía, lo describió como un espacio que por dos décadas ha registrado "situaciones de violencia institucional", con "un clima cotidiano de violencia difícil de contener y abordar".

Romero aseguró que el Directorio actual "ya tomó un conjunto de acciones" que tuvo entre sus medidas el ingreso de 93 educadores para el Sistema de Protección Especial, sobre todo para los de breve estadía", y añadió que se dispusieron llamados para distintas especializaciones.

"Dispusimos un cierre del centro de breve estadía y dispusimos el traslado de los adolescentes a los proyectos más acordes a sus características", dijo y aseguró que actualmente son tres los adolescentes que viven en el centro y remarcó que se trabaja en un nuevo modelo.

Respecto de las salidas no acordadas, dijo que "es uno de los fenómenos más complejos para INAU", y que en 2025 hubo 10.332, y que se diseña "un nuevo protocolo de actuación" para estos casos, y que la evolución de la cifras, hay un "cambio estructural" que requiere un abordaje particular, que incluye también que haya mejor registro para estos casos.

La directora también contextualiza algunos de los casos en la "actual crisis de salud mental" que afecta a los menores en INAU. "Presentan en su mayoría trayectorias vitales atravesadas por múltiples vulneraciones de derechos. Incluso violencias, abusos y negligencias, que generan niveles significativos de daño psíquico acumulado y que requiere respuestas inmediatas, integrales, sostenidas y con con cercanía territorial", añadió y aseguró que los recursos de la institución para estas cosas son "frágiles".

"El incremento en las solicitudes de intervención en salud mental durante el período 2020- 2024 fue de un 276%. En 2020 fueron 72 solicitudes, mientras que en 2024 fueron 271", detalló romero.

"En la población adolescente el suicidio se mantiene como la principal causa de muerte en la franja etaria de 15 a 19 años. En las y los adolescentes atendidos en el sistema de protección especial, la tasa de crecimiento de intentos de autoeliminación desde el 2020 a 2024 fue de 96%, pasando de 91 casos a 179 situaciones. Lo que evidencia la imposibilidad del sistema de dar respuestas a las necesidades de atención en salud mental", añadió y remarcó que también se trabaja en esto.

De acuerdo a una investigación de la institución, con datos cruzados con el Ministerio de Salud Pública, el Sistema de Protección Especial registra 114 fallecimientos entre 2020 y 2025. En 2025 fueron 20, "rango medio", indicó. "La comparación interanual muestra que 2025 se inscribe en un patrón estructural ya observado, sin agravamiento de los niveles de mortalidad ni cambios en su distribución", aclaró, con los fallecimientos concentrados en personas adultas en centros de atención a la discapacidad.

"Nuestra misión es transformar profundamente el Sistema de Protección Especial. Y en ese sentido nuestro plan estratégico busca una reducción drástica de la cantidad de niños, niñas y adolescentes con internación residencial, y la mejora de las condiciones de vida de los cuidados residenciales", agregó.

Sobre la diplomatura con la universidad argentina, Romero lo defendió y respondió que no es la única formación que realiza el INAU en convenio con otras instituciones, entre las que mencionó Udelar. "La definición administrativa y política de incorporar esta herramienta en la oferta académica del INAU consta en los informes técnicos que sustentan la compra directa", dijo y remarcó que "es inédita" en Uruguay una formación con estas características.

El vicepresidente Mauricio Fuentes se refirió a las encargaturas, dijo que son 170 y que el número no dista de lo que ocurrió antes, y destacó que diez direcciones departamentales se mantienen, y que hay cinco de las restantes en las que hay "motivos que hacían ineludibles hacer otro nombramiento". Defendió que el número de 170 es "para no generar vacíos en la gestión del instituto".

También respondió sobre los centros CAIF y dijo que hubo 55 centros que pidieron "apoyo extra" cuando asumieron, "para poder sostenerse económicamente" y que esto se debió a la baja matrícula, y que uno de los componentes es la baja natalidad. Ante esto, se tomaron medidas para que no cierren los proyectos. "Entendemos también que debe haber otros soportes", agregó.

Transmisión en vivo: