ONG alerta por tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de INISA

También se refirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, que “plantea un tiempo de excepcionalidad y brevedad frente a la privación de libertad, también en lo que implican las clínicas psiquiátricas para adolescentes, con una mayor supervisión, cuidado, medios alternativos que recaen en el encierro”.

Otra trabajadora de la ONG, Florencia Lemos, explicó que el sistema de centros presenta diferencias internas.

“Hay centros más semiabiertos, que los chiquilines no están siempre dentro de las celdas, y otros que son más de corte carcelario, donde los adolescentes pasan hasta 23 horas adentro de sus celdas, con muy reducidas actividades de las que tienen que ver con sus medidas socioeducativas, que muchas veces son supeditadas a las de seguridad”, indicó Lemos.

Entre los puntos que denuncian está la mala alimentación, plagas, golpizas, malos tratos contra adolescentes que abundan en los testimonios recogidos por SERPAJ. A esto, se agregan graves carencias edilicias y reformas que apuntan a reforzar la seguridad y no el interior de los centros.

“Con la pandemia, al mayor encierro, al haber menos funcionarios, se exacerbó, hubo más relatos de golpizas y malos tratos”, contó y sostuvo que en los casos en los que pudieron recabar pruebas, hicieron las denuncias correspondientes penales.

El informe habla de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las integrantes de SERPAJ enfatizan sobre la importancia de que los funcionarios denunciados sean separados del contacto con adolescentes.

Llama la atención de Lemos que la última capacitación a funcionarios de INISA fue en 2021 por la Guardia Republicana y no centrada en derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones del informe, SERPAJ solicita el cierre de dos centros. Uno de los casos es el del MD1, de máxima seguridad en la Colonia Berro, donde encontraron más problemas a nivel edilicio, de malos tratos y tiempo de encierro. El otro es el ahora denominado ETTI, que había sido cerrado por la administración anterior a pedido de las organizaciones de derechos humanos, "por tener una estructura edilicia sumamente carcelaria", argumentó Lemos.

“También vale decir que la idea de cierre no significa que abran otro con las mismas características. Sino que es toda una situación de premio-castigo, que se genera por la desigualdad que hay en el interior de los centros”, explicó.