Olivera negocia sanciones a Adeom a cambio de convenio colectivo

La intendenta está dispuesta a "corregir" las consecuencias de las sanciones, si Adeom se compromete a no ingresar otra vez en un conflicto como el de la basura.

 

Los integrantes del Secretariado Ejecutivo de Adeom enviaron la semana pasada una carta a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, donde se adjuntaron firmas y se solicitó dejar sin efecto las sanciones aplicadas a los funcionarios en ocasión del conflicto de la basura, y las eventuales consecuencias posteriores que esas sanciones podrían ocasionar.

Olivera responde esa solicitud con otra nota, donde lo primero que destaca es "la voluntad explícita" de la administración por alcanzar un convenio colectivo. Y agrega: "durante todos estos meses se ha estado trabajando para que dicho convenio asegure la no pérdida de masa salarial para los trabajadores de la IM y paralelamente promueva, a través de la carrera en movimiento y los compromisos de gestión, una mejora de las retribuciones, contribuyendo además, a la disminución de las inequidades existentes".

En la nota, Olivera señala: "Tengo la obligación de velar para que el principio de que a igual tarea exista una remuneración similar, sin depender del Departamento o del Servicio donde cumpla sus funciones. A eso le llamo trabajar para disminuir las inequidades en las remuneraciones y nos proponemos comenzar a revertirlas".

Olivera calificó el conflicto de la basura como "penoso" y dijo que si bien impactó a la administración y al gremio, "golpeó fundamentalmente a los montevideanos". La intendenta dijo que situaciones como esa no se pueden repetir y nada justifica poner a la población en una situación límite en materia de salubridad pública.

En pos de que no se repita una situación similar, Olivera dice en la nota: "estoy dispuesta a que si hay un compromiso, firmemente expresado de que no se llegará a poner en riesgo sanitario a la población por medidas de carácter gremial, estoy dispuesta repito, a corregir todas aquellas situaciones en que por el hecho de haber sido sancionado un funcionario durante ese período del conflicto, vea perjudicada su carrera funcional. Me refiero a presupuestaciones, impedimentos en concursar o deméritos por esos efectos".

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