Cientos de personas se movilizan en las afueras del Palacio Legislativo este martes reclamando que se apruebe el proyecto de ley que envió el gobierno para atender la situación de los cincuentones, que verán disminuida su jubilación por el régimen mixto (BPS y AFAP).
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Movilización de cincuentones en el Parlamento reclamó votar proyecto de ley
El subsecretario de Economía está en la Comisión de Hacienda y el ministro Ernesto Murro en la de Trabajo. Cincuentones critican a Astori y Michelini.
En la movilización y protesta participa el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
En particular critican al ministro Danilo Astori y a los sectores que se niegan a votar el proyecto tal cual lo envió el gobierno: Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio.
Los manifestantes acusaron a Astori y al senador Rafael Michelini de "traidores", según constató en el lugar un equipo de Subrayado.
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Los astoristas sostiene que el proyecto original implica un gasto excesivo para el Estado en las próximas cuatro décadas, cercano a los 3.700 millones de dólares. El BPS había calculado el costo en 2.000 o 2.500 millones de dólares.
Precisamente en la Comisión de Seguridad Social integrada con la de Hacienda, de Diputados, compareció este martes el subsecretario de Economía Pablo Ferreri. Fue convocado para explicar las condiciones del proyecto de ley y las posibles alternativas.
Allí presentó el siguiente cuadro comparativo con los costos que calculó el BPS y los que sacó el Ministerio de Economía:
Presentación MEF
A su vez, a la Comisión de Legislación del Trabajo compareció el ministro del ramo Ernesto Murro. A diferencias de los astoristas, cuando llegó Murro al Parlamento fue aplaudido por los manifestantes.
Murro ha estado a la cabeza de quienes critican el sistema de previsión social con las AFAP, las que perjudican a cerca de 70.000 "cincuentones".
RECLAMO DESDE EL BPS. Ramón Ruíz -representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social- y Sixto Amaro -representante de los jubilados- creen que el proyecto debe ser votado tal cual lo envió el presidente Tabaré Vázquez.
Ruíz explicó que los 3.700 millones de dólares que costará el proyecto, según el astorismo, serán distribuidos en 48 años y representa una solución definitiva a las problemáticas que generaron los problemas de rentabilidad de las AFAPs y el déficit endémico del BPS (7 puntos del PBI, según el líder blanco Luis Lacalle Pou).
Ambos factores comprometen las jubilaciones y pensiones de las personas que fueron obligadas a ingresar al sistema mixto de ahorro previsional por tener menos de 40 años.
Algunas de esas personas comienzan a jubilarse y se ven perjudicados al recibir remuneracions por debajo de las expectativas, en algunas casos hasta un 30% menos.
Astori señala que la carga del proyecto del presidente compromete a las siguientes generaciones de uruguayos. En cambio, propone una solución distinta, estimada en 2.500 millones de dólares.
Este enfrentamiento entre el presidente y el astorismo puso en problemas la aprobación del proyecto de ley.
ALTERNATIVA. En las últimas horas la bancada del FA se reunió para buscar una fórmula de consenso. Asamblea Uruguay, MPP y Vertiente Artiguistas fueron algunos de los grupos que presentaron modificaciones.
MPP -por ejemplo- propone que la decisión de migrar de la AFAP al BPS quede para el momento de la jubilación y no en un plazo de dos años a partir de la aprobación de la norma. Los cambios en la rentabilidad podría modificar la decisión del titular.
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El Partido Comunista, en cambio, ya adelantó que votará el proyecto original. La Lista 711 (Sendic) también está en la misma posición.
La falta de un acuerdo llevará hoy a la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
Allí presentará los números del equipo económico a los legisladores. Así lo explicó Jorge Pozzi, diputado de Asamblea Uruguay.
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UN ANTECEDENTE OLVIDADO
En 2008, el Parlamento aprobó una ley que flexibilizó varios requisitos para jubilarse. Esto representó entre 58.306 y 73.637 altas más, dependiendo del modelo utilizado.
También representó un gasto extra entre 45% y 52% respecto al escenario anterior, recuerda El País en base a un trabajo del Centro de Estudios Fiscales.
En total se estima que la erogación del Estado alcanzó los 2.000 millones de dólares.
Estos cambios fueron implementados a través del llamado Diálogo Social sobre Seguridad Social implementado en 2007 con el apoyo de todos los partidos políticos.
El argumento empleado para el ajuste fue que las condiciones de acceso a la jubilación vigentes desde 1996 (la ley de AFAPs) eran difíciles de obtener para un sector de trabajadores.
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