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Michelle Suárez continúa ejerciendo como abogada pese a tener el título suspendido

Lo hace desde su casa, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, tras ser procesada falsificación y estafa, entre otros delitos.

Pese a estar suspendida como abogada hasta el 18 de agosto de 2020, la exsenadora comunista Michelle Suárez continúa con el ejercicio de la profesión desde su casa.

En abril, Suárez fue condenada por cuatro delitos de falsificación y adulteración de documento privado, un delito de estafa, un delito de falso testimonio y un delito de falsificación y alteración de documento privado.

La exlegisladora cumple prisión domiciliaria en su casa de Pinamar Norte y solo abandona su domicilio para realizarse controles médicos.

Este martes el programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, denunció que Michelle Suárez, pese a la suspensión de dos años, continúa ofreciendo sus servicios legales desde su casa. Lo hace al menos desde julio en una revista de clasificados de la Costa de Oro.

La producción del programa radial se contactó con Suárez, que en primera instancia se identificó como Olivia, pero después reconoció ser Michelle.

Al ser consultada sobre si su actuación podría invalidar una causa judicial, respondió que ella se encarga de la parte administrativa, de redactar los escritos y preparar los papeles, otro abogado los firma y un tercero es el que asiste a las audiencias.

El presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, dijo a Sarandí que a su entender la suspensión que pesa sobre Suárez se refiere al patrocinio o a cualquier otra forma de ejercicio de la profesión, tanto judicial como extrajudicial.

“La abogacía como tal, es una profesión absolutamente unitaria y que no es posible dividirla, entre abogados litigantes y abogados no litigantes. La suspensión debe alcanzar a todas las posibles manifestaciones o variantes del ejercicio de la profesión”, afirmó Pescadere a Las cosas en su sitio.

Al ser consultado por Sarandí, Marcos Seijas, el juez de la causa que procesó a Suárez, se excusó de comentar el caso en particular, y dijo que el contralor de las inhabilitaciones corresponde a la Suprema Corte de Justicia.

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