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Más de 200.000 usuarios ya bajaron la aplicación para celulares de Uber

La compañía tiene 4.000 choferes en Uruguay. Uno de cada diez es una mujer. El 36% de los socios-conductores estaba desocupado tres meses antes.

Uber tiene 200.000 usuarios que bajaron la aplicación y da trabajo a 4.000 conductores. Uno de cada diez choferes es del sexo femenino, informa El País.

Estos datos surgieron de una comparecencia del gerente general de la firma, Iván French, ante la Junta Departamental.

A los clientes se les exige para registrarse contar con una tarjeta de crédito o débito internacional.

Según el jerarca, Uber ha sido una fuente de trabajo importante.

El 36% de los choferes estaban desocupados hace tres meses. Un 78% del total pensó en asociarse como forma de complementar ingresos.

Una prueba de ello es que 44% del universo de conductores maneja menos de 10 horas semanales.

French dijo a los ediles estar de acuerdo en muchos puntos con la legislación presentada por la intendencia ante la Junta, pero pidió que se tome en cuenta la recomendación del Ministerio de Economía sobre defensa de la competencia.

Reclama, por ejemplo, que no se exijan requisitos injustificados ni barreras a la entrada para que impidan el ingreso de nuevos agentes, admeás de no obstaculizar los nuevos modelos de negocio.

Establecer cupos de autos "puede ser discriminatorio", dijo French. Esto favorece a los conductores de mayores ingresos, y generará a la larga un mercado paralelo, precisamente lo que se quiere evitar con la reglamentación.

La "Administración Martínez" presentó un proyecto por su cuenta para regular las aplicaciones de transporte, justo en momentos en el que el gobierno elabora su propia ley para controlar a los nuevos modelos de negocio de la llamada economía colaborativa.

El Ministerio de economía cuestionó la presentación del municipio. Objeta, entre otras cosas, la oportunidad y el carácter inconsulto. Pero también critica limitaciones y el cobro de canon.

La Comisión de Defensa de la Competencia estableció que el proyecto de la Intendencia de Montevideo limita el ejercicio de una actividad que es privada y colide con la ley 18.159.

 

 

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