La Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou comenzó a gestarse en julio de 2019. El actual prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue el responsable de darle forma. El primer borrador contenía 500 artículos.
Ley de Urgente Consideración, el camino de la LUC desde su creación hasta el referéndum
Cómo se gestó la norma que se pone a consideración de la ciudadanía, la discusión en el Parlamento y la recolección de firmas para la consulta popular.
Tras la elección de primera vuelta, los Partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente, y de la Gente, acordaron un plan de reforma que denominaron “Compromiso por el país”.
En el verano, eso fue llevado a un articulado. El anteproyecto se difundió el 22 de enero de 2020, por el propio Lacalle Pou, que en ese momento era presidente electo.
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Tras la difusión pública, Lacalle Pou y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, se reunieron con los líderes de los partidos de la coalición, a quienes les entregaron la primera versión del proyecto, que inicialmente fue negociado a la interna del oficialismo.
La intención de Lacalle Pou era que la iniciativa se trasladase al Poder Legislativo en marzo, pero el inicio de la pandemia del Covid-19 trastocó sus planes.
El texto, que inicialmente contenía 502 artículos, ingresó al Parlamento el 23 de abril de 2020 con declaratoria de urgente consideración.
A partir de esa fecha, comenzó a correr el plazo de 90 días para aprobarlo.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
El proyecto comenzó a ser analizado en el Senado, en donde se creó una comisión especial de 15 miembros.
Se recibieron delegaciones que opinaron sobre los 11 capítulos de la iniciativa.
Estos son: seguridad pública, secretaría de inteligencia estratégica del Estado, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, normativa sobre la emergencia en vivienda, modificaciones al Código Civil y disposiciones varias.
El 28 de abril, el Frente Amplio presentó una moción para que se retirara el rótulo de urgente consideración. La misma no prosperó.
En el Senado, el proyecto se redujo en 25 artículos y se modificaron más de 300. Entre ellos, el de la desmonopolización de ANCAP, que encontró resistencias dentro de la coalición.
Se aprobaron tres artículos que regulan la fijación del precio del combustible, mediante el precio de paridad de importación del petróleo como forma de “transparentar” la paramétrica, según el texto.
También se hicieron cambios en seguridad y en otras áreas.
El Frente Amplio votó en contra del proyecto general, aunque acompañó unos 245 artículos en la discusión en particular. Luego de ser aprobado en el Senado, el proyecto de la LUC pasó a la Cámara de Representantes.
En la madrugada del domingo 5 de julio de 2020 se aprobó en Diputados.
El 8 de julio de 2020, el Senado aceptó las modificaciones de Diputados.
Un día después, la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
REFERÉNDUM
La Federación de Trabajadores de ANCAP fue una de las primeras organizaciones en expresarse a favor de la interposición de un recurso de referéndum contra la LUC.
El proyecto original establecía la desmonopolización de ANCAP, lo que luego fue retirado de la iniciativa y sustituido por el nuevo mecanismo de fijación de precios en base a la paridad de importación del petróleo.
En setiembre, se dio el primer paso para impulsar la consulta popular, cuando la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió “abrir un proceso de referéndum”.
Un mes más tarde, la Intersocial Feminista confirmó el interés de plegarse a una campaña para la derogación de la LUC. También lo hizo la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
En el Frente Amplio no había unanimidad, pero en octubre de 2020 el Plenario Nacional resolvió apoyar la campaña.
El 14 de diciembre de 2020, se instaló la Comisión Nacional Prorreferéndum: integrada por el PIT-CNT, el Frente Amplio, la Intersocial Feminista, FUCVAM y la FEUU.
Cuatro días más tarde, se inició formalmente el trámite ante la Corte Electoral.
Las cajas con las papeletas conteniendo las casi 800.000 firmas fueron entregadas en la Corte el 8 de julio de ese año.
El 8 de diciembre, fueron validadas 671.631 adhesiones y se confirmó la realización de la consulta popular.
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