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Ley permitirá liberar presos si hay "hacinamiento crítico"
Reclusos con dos tercios de pena cumplida podrán ser liberados por la Justicia cuando el nivel de hacinamiento de las cárceles supere el 50%, dice proyecto del Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para regular el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación en busca unificar criterios relativos a los presos en todos los centros carcelarios del país.
En esa iniciativa el gobierno pretende también habilitar a los jueces a liberar presos que tengan dos tercios de la pena cumplida si hay "hacinamiento crítico".
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El proyecto de ley establece que el Ministerio del Interior deberá entregar todos los meses un informe sobre la situación de hacinamiento del sistema carcelario. Según el texto, "las unidades deberán alojar única y exclusivamente la cantidad de personas privadas de la libertad para las cuáles fueron diseñadas".
"En aquellos casos en que se exceda la capacidad locativa en un 10% a 20% el hacinamiento se considera aceptable. Entre 30% y 50% alto. Más del 50% crítico", dice el artículo 19 del proyecto de ley al que accedió Subrayado.
"En caso de hacinamiento crítico del sistema penitenciario nacional, los jueces penales deberán analizar las causas de aquellos que se encuentren a su disposición en las distintas unidades de internación de personas privadas de libertad y puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados", dice el proyecto en el artículo 25. La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios administrativos aplicables en estos casos, dice la norma.
Cada 15 días en Montevideo y un mes en el interior del país, la Comisión de Control y Seguimiento de la Capacidad Penitenciaria que crea la ley, proveerá a los jueces de una nómina con las personas privadas de libertad procesadas con más de dos tercios de la pena prevista cumplida, o penados que tengan cumplido dos tercios de la pena impuesta. En la lista también se deberá informar sobre personas con condiciones especiales de enfermedad, o mayores de 70 años de edad, dice el proyecto de ley.
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