Las propuestas sobre la protección económica de niñas, niños y adolescentes en el Diálogo Social

En este sentido, se acuerda avanzar en:

1. Generar un sistema único de transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad, integrando al menos los actuales programas/beneficios: Asignaciones Familiares (Ley 15.084 para trabajadores privados y prestación asimilada para funcionarios públicos); Asignaciones Familiares del Plan de Equidad; Tarjeta Uruguay Social; Bono Crianza y Bienvenido Bebé.

2. Dotar al nuevo esquema de transferencias del soporte normativo y los arreglos institucionales adecuados para garantizar su fortalecimiento, consolidación, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

2.1. Proponer una ley que integre los beneficios mencionados que están establecidos con este rango normativo y que incorpore los que no lo tienen.

2.2. Proponer una reglamentación que establezca los roles de cada uno de los organismos involucrados, los derechos y obligaciones de los destinatarios y los arreglos interinstitucionales necesarios para el monitoreo y adecuación del nuevo esquema de transferencias. La reglamentación deberá contemplar los arreglos de interoperabilidad que habiliten el intercambio seguro de información entre organismos, para la gestión, el monitoreo y la mejora continua del esquema.

3. Establecer montos per cápita progresivos (crecientes con el nivel de vulnerabilidad y sin escalas de equivalencia), tomando como referencia el valor de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Montevideo como referencia inicial para el nivel de vulnerabilidad más alto. La CBA utilizada para la elaboración de la línea de indigencia en la metodología de pobreza 2017 (INE) incluye el costo de los alimentos y bebidas consumidos por el 18 Para un análisis completo de las recomendaciones y sus distintos fundamentos académicos ver M. De Rosa e I. Perazzo (coord.) 2026. Esquema de transferencias monetarias dirigidas a la infancia en Uruguay. Fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

4. Establecer montos diferenciales según nivel de vulnerabilidad, optimizando la asignación de recursos, evitando el exceso de categorías que complejizan el sistema y los saltos bruscos que amplifican los errores de focalización intrínsecos a todos los instrumentos disponibles.

5. Incorporar mediante la normativa correspondiente un mecanismo periódico de indexación que, como mínimo, asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los montos incluidos en el nuevo esquema de transferencias. Establecer mecanismos de ajuste rápido en caso de crisis.

6. Establecer un refuerzo adicional para embarazadas y niños/as de entre 0 y 3 años de edad de un 50 % adicional al monto de referencia de cada estrato.

7. Ampliar la cobertura actual hasta cubrir a la totalidad de la población en situación de vulnerabilidad, priorizando la eliminación del error de exclusión. Más allá de las fluctuaciones temporales y los márgenes de error de los instrumentos de focalización a utilizar, a los efectos del esquema de transferencias propuesto, a priori se consideran en situación de vulnerabilidad aquellos hogares con NNA que como mínimo se encuentran dentro del 50 % de menores ingresos. Más allá de eventuales mejoras y ajustes en los instrumentos de focalización vigentes, la noción de vulnerabilidad debe seguir vinculada a privaciones que remiten a diferentes dimensiones estructurales del hogar (vivienda, salud, educación, inserción laboral, entre otras) y no a aspectos transitorios y más volátiles como el nivel de ingreso.

8. Eliminar las condicionalidades para el cobro de las transferencias. Esta orientación se fundamenta en la evidencia sobre el bajo impacto de las contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria, así como sus efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La representación de Cabildo Abierto plantea la inconveniencia de renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones, ya que podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal.

La representación de las cámaras empresariales plantea mantener las condicionalidades para el cobro de las transferencias en el entendido que se trata de un complemento de acciones que le corresponden al individuo y a servicios que tiene que prestar el Estado como salud y educación. Se propone instrumentar mecanismos de interacción con aquellos que no cumplan las condiciones y dotar de gradualidad en el tratamiento de la condición para evitar la suspensión directa automática.

9. Promover la articulación del nuevo esquema integral de transferencias con otro conjunto de políticas públicas (de empleo, cuidados, educación, salud, vivienda, entre otras) enfocadas a atender las diversas problemáticas que enfrentan los hogares con mayores carencias, con el objetivo de combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza y las desigualdades.