La era Post-Sendic: discusión de la ética pasó del FA al Partido Nacional

El diputado por Tacuarembo Wilson Ezquerra tuvo un accidente semanas atrás que puso en riesgo su vida y la de otras. También puso en riesgo su joven carrera política.

Al atropellar a la una motonetista en ruta Interbalnearia se comprobó que estaba alcoholizado. Es un asunto particular, pero a nadie se le escapa que el Parlamento -que Ezquerra integra- acaba de votar leyes de tránsito y en particular sobre el consumo de alcohol.

Ezquerra enfrentó el trance, atendió a la mujer y se hizo cargo del episodio. Pero quedó libre de toda responsabilidad porque no se hizo la denuncia.

Mientras la justicia anunciaba un pedido de desafuero, en la víspera el legislador decidió adelantarse a los hechos y, mediante una conferencia de prensa, expresó sus disculpas públicas por el accidente que protagonizó en tales condiciones, y dijo que renunciaría a los fueros para concurrir a la justicia.

La impunidad del diputado fue intensamente criticada al entenderse que debió haber quedado demorado y haber sido sometido al tribunal de faltas mientras se procesaba la recuperación de la víctima. Este aspecto era clave ya que la justicia solo podía actuar de oficio en caso de que se entendiera que había "lesiones gravísimas".

Era el caso ya que la mujer estuvo grave y sufrió lesiones de entidad en la cadera.

Desde el Frente Amplio esperan que además de la justicia el Partido Nacional inicie un proceso de discusión ética similar al que se procesó en el Caso Sendic.

El propio Larrañaga habla de "revanchismo" del Frente.

EL CASO BASCOU

No menos conflictivo es lo que vive el intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien enfrenta embargos por 7 millones de dólares a raíz de libramiento de cheques sin fondos.

En ese aspecto, Bascou aceptó un concurso de acreedores y ante la justicia se compromtió a buscar soluciones en 15 días para evitar ser denunciado por estafa.

Al mismo tiempo su situación financiera personal se contamina peligrosamente en cuanto a su condición de intencdente al admitir que durante largos meses las camionetas municipales cargaron combustible y pagaron servicios en dos estaciones de servicio de su propiedad.

El intendente vendió en abril esas estaciones de servicio pero las pruebas de las operaciones son usadas por el Frente amplio local para anunciar que llevarán al Parlamento a Bascou para iniciarle un juicio político por conjunción del interés público y privado.

La situación generó roces entre dirigentes de Alianza Nacional -sector liderado por Jorge Larrañaga al que pertenece Bascou- y la ascendente senadora Verónica Alonso, cuyo nombre aparece en todos los análisis político como una posible precandidata o integrante de la próximo fórmula presidencial blanca. 

EL CASO ANTÍA

Una operación para la compra de cámaras de televigilancia amenaza con convertirse en una nueva denuncia de irregularidades para el intendente de Maldonado Enrique Antía.

Por estos días el jefe comunal blanco se ha enfocado en los beneficios para la seguridad que ha traido la colocación de esta tecnología en el departamento.

La oposición denuncia que es un negocio poco claro, y especialmente señalan a su proveedor, un conocido empresario de Punta del Este conocido llamado Rolando Rozemblum.

Rozemblum es un prominente ciudadano de la zona. Fue presidente de la comunidad Israelita de Maldonado y un empresario multipropósito. Actualmente preside el flamante International College, un centro educativo de élite que busca captar a estudiantes de toda la región. Fue una inversión de 25 millones de dólares y ocupa unos 50.000 metros cuadrados.

En su momento, el Ministerio de Defensa recibió un pedido de informes del Parlamento debido a que personal del ejécito trabajo en la obra. Según dirigentes del FA local, este cincurso se consiguió gracias a los oficios del intendente.

La activa colaboración de Rozemblum con Antía se extendió en su caracter de intermediario en la operación de compra de las cámaras que requirió una inversión de 15.5 millones de dolares a una empresa israelí Elbyt System Ltda.

La operación fue llevada a cabo por contrato directo por lo que es cuestionada por el Frente Amplio en Maldonado. El tribunal de Cuentas observó en seis ocasiones la compra.

El edil del Movimiento de Participación Popular Joaquín Garlo dijo que Rozemblum opera bajo la protección de Antía, pese al conocimiento público de los problemas del empresario con la justicia, en especial con la de Brasil.

A propósito de esos antecedentes, el semanario Búsqueda pública este jueves un perfil de Rolando Rozemblum como prófugo de la justicia de ese país.

En 2006, el juez Sergio Moro -el mismo de Lava Jato- condenó a Rolando y su padre Isidoro por corrupción a raíz de sus actividades como empresarios.

Los Rozemblum estaban instalados en Brasil como propietarios de las motos y biciletas Sundown. Moro comprobó que los uruguayos habian pagado coimas para ingreso de mercadería en forma irregular y los envió a un complejo penal en Curitiba.

En 2007 consiguieron escapar y volvieron a radicarse en Uruguay.

Con la asistencia legal del penalista Gonzalo Fernández, padre e hijo lograron evitar la extradición. Hasta el año pasado, según el semanario Búsqueda, no podían salir del país.

Los Rozemblum lograron hacer caer los tres juicios en su contra En uno de los casos operó la prescripción de los delitos, en otro el Tribunal Superior consideró que las escuchas solicitadas por el juez Moro excedieron el tiempo legal. La evidencia fue declarada nula.

La revista Veja publicó el lunes 11 un informe recordando la peripecia de los Rozemblum en Brasil y la "frustración" del juez Moro por no haber podido atraparlos.

El informe subraya el actual status de juez estrella de Moro, quien ha metido preso a decenas de corruptos de todo el sistema político de Brasil.

Este jueves se supo, por ejemplo, que el Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 8° Turno a cargo del juez Federico Tobía trabó un embargo sobre parte de los bienes de la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso a raíz de un conflicto de pago con una imprenta.

Ese embargo, que exceptúa a la casa donde vive en Carrasco, es por "una cantidad suficiente" para cubrir el monto, informa El Observador.

La sentencia del juez la obligó a pagar US$ 31.780 con fecha del 3 de abril de 2017 y fue apelada. Actualmente está a estudio de un tribunal civil.

En ese fallo el juez entendió probado que quien encargó imprimir las listas para las elecciones internas de 2014 lo hacía en nombre de Alonso y su esposo.

En su momento Alonso deslindó responsabilidades sobre esa deuda. Argumentó que se trató de listas vinculadas a la Iglesia Misión Vida que, según dijo, se manejó en forma independiente dentro de una coalición con ella.

El juez entendió que las explicacione exculpatorias fueron carentes de sentido.

EL CASO ALONSO

Este jueves El Observador informó que el Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 8° Turno a cargo del juez Federico Tobía había trabado un embargo sobre parte de los bienes de la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso a raíz de un conflicto de pago con una imprenta.

Sin embargo, la senadora y su entorno reaccionaron con sorpresa, ya que no habían sido notificados. Según supo Subrayado, los abogados de Alonso verificaron tanto en el juzgado letrado civil de 8º turno como en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo turno, que no había ninguna medida de embargo solicitada ni decretada. Es más, el número de decreto de embargo que circulaba en varios medios ni siquiera existía.

En la tarde del jueves, El Observador publicó una nota en la que afirma que "el dueño de la imprenta que la demandó difundió un documento falso" según el cual se le trababa embargo.  El juez Federico Tobía informó a El Observador que no decretó embargo alguno y que el expediente está en el tribunal de apelaciones donde se tramita la apelación de la deuda.  "La información sobre el embargo fue divulgada por el abogado del titular de la imprenta, quien asegura que recibieron una notificación judicial que lo confirmaba", agrega El Observador.

La sentencia -que fue apelada, obliga a Alonso a pagar US$ 31.780 con fecha del 3 de abril de 2017.  En ese fallo el juez entendió probado que quien encargó imprimir las listas para las elecciones internas de 2014 lo hacía en nombre de Alonso y su esposo.

En su momento Alonso deslindó responsabilidades sobre esa deuda. Argumentó que se trató de listas vinculadas a la Iglesia Misión Vida que, según dijo, se manejó en forma independiente dentro de una coalición con ella.