Jutep pidió información a Presidencia sobre Toma y analiza si utilizó mal los dineros públicos
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) retomó la investigación sobre los viajes al exterior del ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y analiza si hizo un mal uso de los dineros públicos.
Así lo explicó a Subrayado María Signorino, presidenta de la Jutep, que el lunes decidió desarchivar el expediente que había sido cerrado en febrero, antes del cambio de gobierno.
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En este sentido los integrantes de la también conocida como “junta anticorrupción”, le pidieron a Presidencia información detallada sobre los viajes de Toma y las dos profesionales que lo acompañaron en algunas de esas misiones oficiales, en particular a Roma y a Estados Unidos.
El objetivo es analizar si hubo alguna irregularidad o presunción de delito en el uso de dineros públicos, dijo Signorino.
En caso de constatar alguna ilegalidad, la Jutep pude presentar una denuncia penal ante la Fiscalía para que investigue.
En paralelo el presidente Luis Lacalle Pou ordenó una investigación administrativa a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
Lacalle Pou ya adelantó que no tiene confianza en Toma, y que si fuera por él ya lo habría cesado, aunque por ser un funcionario público (retomó su cargo como Fiscal de Gobierno) para su destitución debe ser primero investigado, luego sumariado y por último enviar al Senado un pedido de baja.
Toma viajó varias veces con una contadora recién recibida que contrató de forma directa para asistirlo en sus misiones en el exterior.
En uno de esos viajes, Toma y la contadora fueron a ver un partido de fútbol del club Roma.
HABLÓ TOMA
El País logró hablar con el funcionario, que hoy es fiscal de gobierno. Toma, de 68 años, no está concurriendo a la oficina pública por estar comprendido en la "población de riesgo" en caso de contraer coronavirus. Sus tareas las cumple desde su oficina personal en la Ciudad Vieja.
Consultado sobre su situación, afirmó: “Yo estoy sometido a una investigación administrativa y por regla no puedo hacer ningún tipo de manifestación. Así lo establece el decreto 500, porque incurro en una falta administrativa grave. Por eso voy a respetar el procedimiento. Confío plenamente en la Justicia administrativa, confío plenamente en el sistema de Justicia que hay en Uruguay y respeto extensamente las normas que aplican a cada caso. Por tanto, no voy a hacer ningún tipo declaración”,
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