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Juez del caso Santa Lucía afirma que procesados tenían intención de matar

Respeto por derechos humanos queda “erosionado por rivalidades nimias. Abyectas y despreciables que no deben ser toleradas”, afirmó Sobot.

El juez penal de Canelones, Luis Sobot, señaló en el nuevo procesamiento de los hinchas de Nacional que participaron en la muerte de Hernán Fioritto en Santa Lucía que hay suficientes elementos de convicción para imputarles el delito de homicidio por lo menos como coautores.

Después de manifestar que el procesamiento habrá de recaer con prisión en función de la grave alarma social que el hecho ha producido, Sobot explica en su fallo que la alarma, se da en una sociedad que lucha contra el flagelo de la violencia en una lucha despareja y desproporcionada por los nuevos valores que se han impuesto y enquistado en la cultura uruguaya donde el valor vida queda en un plano secundario. Donde el respeto por los derechos humanos queda erosionado por rivalidades nimias. Abyectas y despreciables que no deben ser toleradas.

Para el magistrado, surge de forma evidente que era previsible para los procesados un desenlace fatal, máxime teniendo en cuenta que se trata de adherentes al Club Nacional de Fútbol que concurren frecuentemente a los partidos a alentar a su equipo, no siéndoles ajenos los episodios de violencia en encuentros con la parcialidad carbonera en Montevideo.

Más adelante, Sobot aseguró que los disparos desenfrenados contra personas que estaban detrás de una bandera, ponen de manifiesto no ya una intención de herir, sino una intención más grave como lo fue la de matar lo que sumado a las heridas ocasionadas a Fioritto, Enciso y González, constituyen elementos considerables para sustentar el enjuiciamiento bajo la figura de homicidio y de lesiones personales.

ARMAS. Uno de los integrantes de la banda que atacó a balazos a los hinchas de Peñarol en Santa Lucía se entregó a la policía. En base a los careos se demostró que iba armado, aunque dice que no fue él quien suministró las armas a los demás.

El joven de 18 años, de iniciales W.S., dijo en primera instancia que no estaba armado, pero enfrentado a otros miembros de la banda, confesó portar armas y viajar en un vehículo donde había más armas.

Tanto la fiscal Mónica Castro como el juez Luis Sobot sentían mucha curiosidad por saber con que finalidad se robaban las banderas. Los procesados en general se han mostrado arrepentidos de lo que alguno de ellos ha denominado la maldita noche.

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