Juan Peirano, uno de los polémicos protagonistas de la crisis de 2002, solicitó el archivo de las actuaciones en su contra. La causa se inició en 2006, cuando mediante una orden de extradición fue capturado en Estados Unidos. El expediente aun no tiene sentencia.
Hermanos Peirano buscan archivar causas y reparar imagen dejada en la crisis de 2002
Juan Peirano solicitó archivo de una causa sin sentencia abierta desde 2006. Por su parte, Jorge, Dante y José Peirano se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piden una reparación integral y disculpas del Estado uruguayo
Clientes del Banco Montevideo en plena crisis financiera
El clan Peirano
espectador.comAsí lo informa el semanario Búsqueda que hoy da cuenta del escrito presentado esta semana por Daniel Sellanes, abogado del exbanquero
El trámite se presentó ante el juzgado penal de 23° turno. Allí se pide a la jueza Isaura Tórtora que “disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones” contra su cliente.
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La solicitud se basa en la violación del “derecho al plazo razonable en el proceso penal”.
Al mismo tiempo, los hermanos Jorge, Dante y José reclaman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la nulidad de sus condenas y una “reparación integral” y “disculpa pública” del Estado uruguayo.
Varios miembros de la familia Peirano fueron procesados por el desvío de millones dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar, en medio de la crisis socioeconómica de 2002.
El padre, Jorge Peirano Facio, fue procesado con prisión en 2002 a sus 82 años. Falleció cinco meses después.
Tras la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte en 2017, los hermanos decidieron denunciar a Uruguay ante la CIDH por el tiempo “excesivo” de prisión preventiva sin condena.
La petición presentada por Jorge, Dante y José Peirano a la CIDH plantea que se repare “la gravísima violación a los derechos humanos” que les provocó el proceso penal.
Según el recurso, la sentencia que los condenó “adolece de nulidad absoluta" y está en "franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.
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