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Hay 800 tobilleras electrónicas, pero faltarían 200 más para atender la demanda

El 80% de las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja no tenía denuncia previa por violencia doméstica.

El Ministerio del Interior está de acuerdo en declarar el femicidio como “emergencia nacional”.

“Seguimos depositando la temática en el sistema de justicia y en el Inmujeres, cuando en realidad es algo que nos atraviesa a todos y que todo el Estado debe estar comprometido”, dijo la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Esa cartera registra en lo que va del año, 17 homicidios domésticos en el país, de los que 14 corresponderían a femicidios. Son seis mujeres muertas menos que a esta altura del año pasado.

El 80% de las mujeres asesinadas no tenía denuncia previa por violencia doméstica.

Zabaleta dijo que unas 3.000 víctimas pasaron por el sistema de tobilleras electrónicas desde que en 2013 se comenzó a implementar en Uruguay.

Actualmente, hay 800 tobilleras, pero esa cantidad es inferior a la demanda. Hay unos 200 casos en lista de espera, aseguró Zabaleta, y puso como ejemplo España, que con 45 millones de habitantes, no se usan más de 700 tobilleras.

La directora de Políticas de Género advierte al sistema estatal que la tobillera es solo una herramienta que no alcanza para solucionar el problema, si no se aplican otras.

Zabaleta instó a extremar el apoyo y el cuidado a las víctimas de violencia, principalmente en el momento de la separación de la pareja, que es cuando corre mayor riesgo.

Se manifestó partidaria a las sanciones escalonadas a los agresores en el caso de que haya incumplimiento de las medidas cautelares.

Por su parte, la diputada del Partido Colorado, Cecilia Eguiluz, consideró que son malos los resultados de las acciones puestas en práctica para prevenir la violencia de género, pese a las inversiones realizadas y los cambios en la legislación.

OPOSICION PALACIO

Desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica se recuerda que las denuncias sobre violencia de género no se pueden levantar, y si así lo hicieron los operadores policiales o judiciales están incumpliendo la ley.

La organización reclama decisión políticas impostergables para proteger a las víctimas.

RECLAMO TERESA

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