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Gobierno brasileño desplegó 8.500 militares para pacificar Rio de Janeiro

Temer firmó un decreto que "autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el Estado", que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Una fuerza de 10.000 hombres -incluidos 8.500 militares- empezó a desplegarse el viernes en Rio de Janeiro, un Estado brasileño en pleno marasmo económico devastado por la inseguridad y los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.

Camiones con tropas circulaban desde la tarde por diferentes puntos de la ciudad, después que el presidente Michel Temer firmara el decreto que "autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el Estado".

La autorización tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero el ministro de Defensa, Raul Jungmann, precisó en una rueda de prensa en una base militar de Rio que se prolongará hasta fines de 2018, cuando concluya el mandato de Temer.

En total, 8.500 militares, 620 de la Fuerza Nacional (formada por diversos cuerpos policiales y de bomberos), 380 de la Policía de Carreteras y 740 policías del estado de Rio integran el refuerzo.

En un video colgado en las redes sociales, Temer explicó que "el objetivo de la misión es preservar el orden público y garantizar el funcionamiento de las instituciones".

Se trata, agregó, de "un nuevo paso ante esa situación que hoy preocupa y angustia a todos los brasileños".

- 'Un pacto por la seguridad y la paz' -

Jungmann dijo que no está previsto, en principio, un patrullaje militar "ostensivo" y que la operación se estructuraría en cuatro ejes: la labor de "inteligencia", la "integración" entre cuerpos, el "elemento sorpresa" de las acciones y "la participación activa" de la sociedad.

"Rio precisa un pacto por la seguridad y por la paz", afirmó.

"Vamos a llegar al crimen organizado, a sus cadenas de mando", prometió.

Afirmó además que la lucha contra el crimen organizado debe incluir la protección de las fronteras a través de diversas medidas, como el despliegue de aviones radares.

"Estamos repitiendo la fórmula de los Juegos Olímpicos de 2016, que tanto éxito tuvo", afirmó Jungmann.

Para la seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Rio, en agosto y septiembre de 2016, se desplegaron 85.000 militares y policías, el doble que en Londres-2012.

Con 6,5 millones de habitantes y una enorme desigualdad social, la ciudad de Rio enfrenta altos niveles de criminalidad, alimentados por bandas de delincuentes fuertemente armadas.

La sensación de inseguridad se ha agravado por la catastrófica situación financiera del Estado, que retrasó el salario de muchos de sus funcionarios, incluidos los policías.

De media, tres personas fueron víctimas cada día de balas perdidas en los seis primeros meses del año, según un estudio del diario O Globo.

En lo que va del 2017, 91 policías murieron en el Estado.

Y una de cada cuatro escuelas tuvo que cerrar por determinados periodos o se vio obligada a interrumpir cursos a causa de tiroteos u otros tipos de enfrentamientos, según la Secretaría Municipal de Educación, citada por la estatal Agencia Brasil.

La movilización militar se decidió en el marco de un dispositivo constitucional de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), al que el Ejecutivo brasileño ya recurrió 29 veces entre 2010 y 2017, para enfrentar crisis puntuales de seguridad en diversos Estados.

En febrero, unos 9.000 soldados acudieron al auxilio de las fuerzas locales de seguridad de Rio en vísperas del Carnaval, ante un principio de huelga policial que las autoridades temían pudiese aumentar los casos de violencia.

Temer, que ostenta un nivel récord de impopularidad (5% de opiniones favorables) adopta estas decisiones en vísperas de una semana crucial, en la cual la Cámara de Diputados votará si encamina a la corte suprema o si archiva una denuncia de corrupción pasiva en su contra.

 

Foto de archivo.

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