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Gobierno argentino invitó al exrecluso de Guantánamo a regresar al Uruguay
No pudo entrevistarse con autoridades. Quería pedirle a Cristina Kirchner que refugiara a otros libertados. Llegó en mal momento por el caso Nisman
El gobierno argentino solicitó al exrecluso de Guantánamo, Abu Wael Dihab (o Jihad Ahmad Diyab, como él prefiere que lo llamen) que regresara a Uruguay, el país donde se encuentra refugiado desde fines de 2014.
Tras conceder entrevistas a medios locales, Dihab -de ciudadanía siria- visitó una mezquita de Buenos Aires y emprendió regreso a Montevideo, informa hoy El País.
El propósito de su viaje era entrevistarse con gobernantes para solicitarles que dieran asilo a presos que fuesen lberados de la cárcel militar estadounidense.
Su gestión en suelo argentino coincidió con la divulgación de problemas de convovencia entre los seis exreclusos que comparten una viviendo prestada por el PIT-CNT. Al parecer hay problemas de comunicación entre ellos y que los grupos están divididos entre los cuatro sirios y el otro grupo firmado por el tunecino y el palestino. Éstos últimos dos se fueron a un hotel, aunque uno de ellos regresó a la casa.
El semanario Búsqueda informó el jueves último de esta situación y añadió que otro de los refugiados había viajado hacia Argentina. Éste último resultó ser Dihab, quien había viajado a Buenos Aires con una periodista y activista por los derechos humanos, quien trabaja por la "causa palestina".
Búsqueda también dio cuenta que la mayoría de ellos había rechazado ofertas de trabajo concretas y que habían abandonado el estudio del idioma español.
Un obstáculo importante que encontró para ello es que Argentina se encuentra en plena conmoción política: la presidenta Cristina Kirchner, su jefe de gabinete Jorge Capitanich, el canciller Héctor Timerman y otros allegados y funcionarios son acusados por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA en 1994. Este episodio de terrorismo provocó la muerte a 85 personas y hubo más de 350 heridos.
La acusación es parte de la denuncia que tenía preparada el fiscal de la causa, Alberto Nisman, quien apareció muerto en su apartamento de Puerto Madero, horas antes de presentarse en el Congreso.
Nisman establecía en su denuncia que la presidenta y sus allegados habían concebido un acuerdo económico con el Estado de Irán mediante el cual se establecía la compra de granos argentinos a cambio de petróleo asiático. Según el fiscal, la resolución ponía de manifiesto el encubrimiento de la pista iraní en el atentado a la organización judía.
Informes del servicio secreto israelí señalaron a cinco yihadistas como responsables del ataque con coche bomba. Uno de los que escapó del país era un importante funcionario de la embajada de Irán. En ese operativo, según el informe, intervinieron también cuadros de la organización siria Hezbolah.
El acuerdo económico nunca fue puesto en práctica porque fue recusado por la oposición a partir de las protestas de las organizaciones judías, y sus efectos quedaron en suspenso. Argentina es el país con la quinta comunidad judía más importante del mundo, y la primera en América Latina.
Sin embargo, Nisman asegura en su denuncia que el piquetero Luis D'Elìa y el Jorge Yusuf Khalil -líder local de la comunidad iraní en Buenos Aires- fueron parte de una “diplomacia paralela” que acordó la impunidad de los ciudadanos extranjeros acusados de participar del atentado.
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