El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que el gobierno apelará el fallo de la jueza Josefina Tommasino, que dio la razón a 3.800 funcionarios judiciales que reclamaban ajustes retroactivos adeudados.
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Gobierno apelará fallo para evitar ajuste salarial a judiciales
La Justicia falló a favor de 3.800 funcionarios que reclaman un 26% retroactivo; el gobierno votó ley para pagar 8%. La puja es por US$ 40 millones.
La sentencia condena a pagar a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio de Economía y Finanzas unos 40 millones de dólares.
Esta mañana el ministro Astori dijo que el gobierno apelará y señaló que "confía" en que la Justicia tenga en cuenta "la historia que ha tenido este conflicto" así como las intenciones que se tuvieron al aprobar la última ley que está en vigencia.
Por su parte, los funcionarios y actuarios presentarán este miércoles ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada a fines de 2014 por el Frente Amplio y que establecía un ajuste salarial de 8%, en vez del 26% que reclama el gremio.
EL FALLO. La demanda de los funcionarios y actuarios fue presentada el 7 de agosto de 2014.
Allí se reclamaba ajustes retroactivos al 2011 en función de la Ley de Presupuesto de 2010, que estableció aumentos de salarios para los ministros del Poder Ejecutivo hasta igualar con los diputados y senadores.
Estos aumentos desencadenaban a su vez ajustes en los ministros de la Suprema Corte, en los jueces, fiscales, funcionarios, actuarios, defensores de oficio y personal del registros públicos.
Todos ellos fueron entonces a reclamar al gobierno de Mujica el ajuste correspondiente, pero el Frente Amplio votó una ley que restringía el aumento solo a los ministros del Poder Ejecutivo.
Allí comenzaron los recursos de inconstitucionalidad, que resultaron a favor de los funcionarios, y las demandas ante la Justicia.
En la demanda presentada en agosto del año pasado y que ahora tiene un fallo favorable, los funcionarios reclamaban un monto cercano a los 75 millones de dólares.
La jueza Tomassino les dio la razón pero no en los plazos reclamados, por lo que el monto a cobrar sería de unos 40 millones.
Esto porque la magistrada entendió que correspondía pagar desde diciembre de 2012 y no desde abril de 2011, como reclamaban los funcionarios.
De esta forma, explicó Raúl Vázquez a Subrayado, con este fallo los funcionarios y actuarios tienen derecho a cobrar los ajustes adeudados de todo el 2013, el 2014 y los meses que van de 2015. Queda fuera del cálculo el 2011 y por eso el monto total es menor al reclamado.
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