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Fiscal Díaz advierte que el sistema de justicia colapsará si se hacen reformas que pide la Policía

Aumentar los juicios orales por sobre los acuerdos entre fiscales y abogados defensores generaría más impunidad. No hay recursos.

El fiscal de Corte Jorge Díaz advirtió que colapsará el sistema judicial si se realizan los cambios al Código del Proceso Penal que exigen la Policía y la Suprema Corte.

Sus afirmaciones aparecen este jueves con destaque en el semanario Búsqueda.

La Policía y la Suprema Corte hacen hincapié en las críticas al juicio abreviado: actualmente solo el 3% de los casos llegan a juez porque el resto termina en acuerdos entre fiscales y la defensa del detenido.

Plantear que haya más casos que lleguen a juicio podría generar graves problemas a la administración de justicia, asegura Díaz.

"Si se llevara el juicio oral al 20%, el sistema colapsaría. No hay recursos humanos" para atender la situación, explicó el fiscal de Corte.

Ese 20%, agregó, "es un número mágico que no tiene sustento" y lo que traería consigo es "más impunidad".

Explicó el funcionario que "no es el país de las maravillas" y en "el mundo real la gente no quiere ir a declarar a un juicio".

"Y la fiscalía va a perder los casos por falta de pruebas", agregó.

Para el fiscal, el nuevo CPP -vigente desde noviembre de 2017-, es "cien veces mejor" que el código anterior.

El mismo fue aprobado en el parlamento luego de un largo período de debate.

Sin embargo los hechos marcan que el sistema gana detractores todo los días a raíz de el creciente sentimiento de inseguridad.

El último en sumarse a las críticas fue uno de los principales fiscales: Luis Pacheco, quien tuvo a cargo casos emblemáticos sobre crimen organizado.

En un trabajo académico publicado en la revista de la Facultad de Derecho, Pacheco sostuvo que el nuevo CPP "es poco transparente" y no presenta garantías para las víctimas de delitos.

Díaz dijo estar molesto también por las críticas de la Policía al uso supuestamente excesivo, de la libertad vigilada.

Sostuvo que no son los fiscales lo responsables de aplicar este beneficio, sino quienes impulsaron la ley 19.446 sobre penas sustitutivas.

Díaz recomienda "que la deroguen si no les gusta" y consideró sí excesivo que se pueda sustituir hasta cinco años de pena por libertad vigilada.

Además señala que el Ministerio del Interior no cumple con un adecuado seguimiento a los liberados bajo ese régimen.

En ese sentido adelantó que pedirá a los fiscales que no apliquen la libertad vigilada en algunas zonas del país.

El Observador informa este jueves que en el Parlamento hay consenso para promover un cambio en la normativa de libertades vigiladas.

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