En el marco de una entrevista realizada en el estudio de Subrayado, el fiscal de corte Jorge Díaz habló con Blanca Rodríguez sobre el nuevo Código del Proceso Penal, que comenzará a regir en julio de 2017.
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Fiscal de Corte advierte sobre riesgos de “cobrar al grito de la tribuna”
Jorge Díaz explicó las características del nuevo Código del Proceso Penal. Con juicios orales y públicos el sistema gana en transparencia.
Díaz dijo que el nuevo código implica pasar de un proceso inquisitivo donde el juez investiga, a un proceso acusatorio donde el fiscal investiga y acusa si reúne los elementos suficientes para hacerlo, la defensa defiende, y el juez juzga.
El fiscal considera que esto es mejor porque “separa claramente los roles” de los actores involucrados en el proceso. “Logramos de esa manera la imparcialidad del juez, que es uno de los defectos de nuestro sistema actual, y que nos hace pasibles de sanciones a nivel internacional si fuéramos demandados por ejemplo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
Otro cambio sustancial es que los juicios pasan a ser orales y públicos, y “la oralidad permite transparencia, la oralidad facilita la democracia, el ciudadano va a poder conocer qué es lo que está pasando del otro lado de la puerta”.
El juicio va a quedar registrado en un audio, según lo previsto por el sistema AUDIRE.
El tiempo de la audiencia se reduce en un 50%, según estima la Suprema Corte de Justicia.
El nuevo código prevé que el durante el proceso de imputación el individuo esté en libertad, al igual que ahora, pero se modifican los requisitos que se establecen para disponer la prisión preventiva.
La prisión preventiva será un resorte para casos en que exista riesgo de fuga, peligro de frustración de la prueba o protección de la sociedad, es decir, evitar el riesgo de reincidencia.
Hoy en día la prisión preventiva es prácticamente la regla; el 80% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia y eso “es insostenible a nivel internacional”.
El nuevo código también prevé que se elimine la libertad condicional, y que si el individuo es efectivamente condenado cumpla la prisión estipulada.
El fiscal de corte dijo que la Fiscalía hizo un gran esfuerzo en materia de capacitación de los fiscales durante los últimos cuatro años, y también en materia edilicia y actualización tecnológica.
Díaz dijo que “podemos decirle a la sociedad que a partir del 16 de julio vamos a tener una política pública de seguridad que integre las cuatro acciones básicas que tiene que tener una política pública de seguridad. La prevención, la conjuración o la represión de los delitos, la investigación y la persecución penal”. Explicó que hoy en día, las dos últimas acciones básicas están a cargo de jueces independientes que no coordinan su actuación.
En los últimos días hubo críticas al sistema de conmutación de pena por trabajo en prisión, a raíz de la liberación del narcotraficante conocido como “El Betito”, que conmutó 6 años de pena.
Consultado al respecto, Díaz dijo que él mismo fue quien lo condenó en 2009, “y bueno, el individuo cumplió la pena, y una vez que cumple la pena en un sistema democrático y republicano tiene que quedar en libertad”.
Al respecto del sistema de conmutación de pena, dijo que la idea de la redención de pena mediante el trabajo tiene que ver con la intención de la cárcel no sea una escuela de delincuencia.
“Hay gente que cree que el problema termina cuando el individuo entra a la cárcel, y yo le digo que el problema muchas veces empieza cuando el individuo entra a la cárcel” si es que no hay ningún trabajo de rehabilitación cuando entra a prisión.
En la víspera, el presidente de la Suprema Corte Jorge Chediak opinó que habría que revisar el trato indiscriminado del 2x1(dos días de redención de pena por uno de trabajo) para determinado tipo de reclusos y puso como ejemplo España, un país que tenía ese sistema de rehabilitación pero lo puso en tela de juicio a partir de malas experiencias con terroristas y otros delincuentes con alta reincidencia.
Cree que el sistema es bueno, pero que si los legisladores quieren limitarlo lo pueden hacer, pero agregó “ojo con cobrar al grito de la tribuna y legislar para casos concretos”.
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