El inicio de las actuaciones en Fincas Abandonadas y Ocupadas en la Defensoría del Vecino de Montevideo, se da sobre finales del año 2009 a partir de reclamos que según reseñan vecinos y vecinas del entorno, tienen que ver con:
Fincas abandonadas y ocupadas: una preocupación ciudadana
¿Cómo nace esta preocupación? El Defensor del Vecino de Montevideo nos despeja interrogantes
• la instalación de un foco de insalubridad pública, debido a la falta de servicios básicos de las fincas abandonadas y ocupadas, y por tanto inexistencia de saneamiento, agua potable y luz eléctrica, lo que lleva a la acumulación en escalada de aguas servidas y proliferación de roedores e insectos ante la ocupación precaria de grupos familiares numerosos,
• la conformación de un punto de resguardo y cobijo para todo tipo de actividades delictivas desarrolladas por personas que utilizan las fincas abandonadas como referencia y escondite personal y de los elementos obtenidos por hurtos y rapiñas en las inmediaciones, con ataques a transeúntes y residentes del barrio.
Si bien la demanda inicial es realizada por vecinos y vecinas del entorno, conocer la situación de la población ocupante abre una dimensión de sustancial importancia, ya que llegan a ellas familias con gran cantidad de niños y niñas en situación de pobreza y extrema pobreza, que conviven con redes delictivas que utilizan los edificios como refugio y lugar de acopio, ante la falta de organización y límite por parte de los ocupantes iniciales. La ocupación se da sin los servicios esenciales de saneamiento, luz y agua, lo que rápidamente comienza a afectar la salubridad interna y externa, sin posibilidades de reposición o reparación por parte de la población ocupante en la mayoría de las situaciones.
La ausencia de un propietario responsable sobre estos bienes requiere de nuevas estrategias articuladas para encontrar el retorno de estas fincas a un uso social adecuado, ya que en esas condiciones de ocupación ni siquiera están cumpliendo un fin de vivienda digna para sus ocupantes, perjudicando además el entorno, incumpliendo con el art 37 de la ley de Ordenamiento territorial que establece determinados deberes para los propietarios, como los siguientes:
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a) |
Los propietarios no podrán destinarlos a usos contrarios a los previstos por los instrumentos de ordenamiento territorial conforme a la presente ley y las determinaciones que se establezcan conforme a los mismos durante su aplicación. |
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b) |
Deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el Gobierno Departamental competente. |
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c) |
Los propietarios quedarán sujetos a las normas sobre protección del ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural, absteniéndose de cualquier actividad perjudicial para los mismos. Se comprende el deber de resguardar el inmueble frente al uso productivo de riesgo o la ocupación de suelo con fines habitacionales en zonas de riesgo. |
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d) |
Todos los propietarios deberán cumplir las normas de protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico y paisajístico. |
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e) |
Los propietarios de inmuebles deberán vigilarlos y protegerlos frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las acciones que éstos puedan ejercer en contravención a lo dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial o en menoscabo de los deberes territoriales. |
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f) |
Los propietarios de inmuebles quedarán sujetos al cumplimiento de las normas de rehabilitación patrimonial o de restitución ambiental. |
Durante el año 2010 y 2011 se trabajó de forma sostenida con reuniones quincenales, en el Grupo Interinstitucional de Trabajo que, convocado por la Defensoría del Vecino, se fue integrando con aquellas instituciones que fueron reconociendo su competencia para una actuación integral.
Luego de un encuentro ampliado realizado en noviembre de 2010, el Grupo Fincas funciona principalmente en dos equipos:
• Equipo de Coordinación y Gestión, que avanza desde la práctica y la intervención en situaciones concretas de fincas abandonadas y ocupadas en situación de altísima precariedad, y analizando y detectando cuáles son los principales obstáculos que están dificultando la solución definitiva de estas situaciones.
• Equipo de Análisis Legislativo. Se crea ante la necesidad de analizar las dificultades encontradas en la resolución de la situación dominial de los inmuebles abandonados. Este grupo se reunió en 4 oportunidades a lo largo del año analizando la legislación vigente y la elaboración de propuestas entorno a la situación de abandono de la propiedad privada.
Camino a una nueva solución
Luego del trabajo realizado en el edificio de la ex COMAEC, el Grupo Interinstitucional de trabajo sobre Fincas Abandonadas y Ocupadas comenzó continuó su trabajo en un nuevo proyecto: solucionar la situación de abandono y ocupación del edificio abandonado en la calle Varela, a unos metros de Bvar. Batlle y Ordoñez.
El trabajo se enfoca en el realojo de aquellas familias que demuestren voluntad y capacidad de sostener una solución habitacional en la que tendrán un apoyo y que deberán comprometerse con su esfuerzo a sostener. Al cierre de esta publicación, se han realojado 16 familias de las 29 familias ocupantes y el proceso continúa hasta evacuación total y el destino del edificio para fines de vivienda, asegurándoles a las familias del entorno vecinal la solución definitiva.
El Ministerio del Interior solicitó un informe a la Dirección Nacional de Bomberos que posibilitó declarar la situación de clausura de la edificación, habilitando así el desalojo por la vía judicial de las instalaciones.
El grupo de Fincas abandonadas viene priorizando luego de concluido continuar con edificios de Ciudad Vieja y Parque Rodó.
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