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Fernández Huidobro se defiende y enumera lo que hizo por los desaparecidos

Dice que desde 2011 a la fecha respondió 211 de los 237 oficios que la Justicia envió al Ministerio de Defensa. Tres sectores del FA piden su renuncia.

El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se defendió de las críticas que recibe por su supuesta falta de colaboración con la Justicia en los casos que investiga violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

En momentos en que varios sectores del Frente Amplio piden su renuncia (Vertiente Artiguista, Casa Grande, de Constanza Moreira y el Partido por la Victoria del Pueblo), Fernández Huidobro hace público un informe que presentó el lunes al presidente Tabaré Vázquez y al resto del Consejo de Ministros.

En ese informe da cuenta de que entre 2011 y 2015 recibió 237 oficios de la Justicia (solicitudes de información) y que respondió 211.

“Quedan pendientes de contestación 26 oficios, los cuales están actualmente en trámite”, dice el comunicado firmado por Fernández Huidobro.

“Desde la asunción del actual ministro, el 26 de julio de 2011, se ha dado trámite a 5,1521 expedientes por mes, aproximadamente uno por semana”, especifica.

También señala que el equipo de historiadores de la Universidad de la República “liderado por Álvaro Rico”, y “actuando por la Presidencia de la República y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente”, revisó “cientos de miles de Historias Clínicas” del Archivo de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa.

Allí, dice el ministro, se encontraron “23 historias caratuladas de detenidos políticos” que se pusieron en conocimiento de las autoridades. También advierte que ese Archivo está “abierto” para futuras investigaciones.

Más adelante Fernández Huidobro detalla los problemas que ha tenido para responder los restantes 26 oficios.

Dice que es necesario investigar legajos de cerca de 30.000 uniformados que cumplieron funciones durante la dictadura y que cada uno tiene entre 200 y 300 páginas. Cada página, agrega, debe ser “certificada en su autenticidad”.

“Ante esto se ofreció en el año 2013 a las Sedes penales (juzgados) coordinar con el Ministerio la comparecencia a los Comandos respectivos para analizar los originales de los legajos y solicitar copia de aquellas fojas que resultaren relevantes para la causa. En relación a este procedimiento estuvo de acuerdo la Suprema Corte de Justicia, pero hasta el momento ninguna Sede Penal ha solicitado acceder a través de este mecanismo”, destacó el ministro.

 

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