PolíticaManini Ríos | Lacalle Pou

Estas son las principales propuestas que Lacalle Pou hizo a sus socios de la coalición

Propone Consejos de Primaria y Secundaria unipersonales, con un solo director, y que los docentes estén en el Codicen con voz y sin voto.

Este viernes se conoció el documento con propuestas programáticas que el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou le entregó a los líderes de la oposición para conformar un acuerdo político base para un eventual gobierno de coalición.

Publicado por El Observador y otros medios, Subrayado confirmó con diversas fuentes su autenticidad y que este texto fue recibido por los ex candidatos a la Presidencia de los partidos de la oposición con los que se reunió Lacalle Pou esta semana.

A continuación presentamos un resumen de las principales propuestas en las 13 áreas definidas en el documento de acuerdo, que espera por la firma de Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente).

SEGURIDAD

Aquí se plantea “declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República”.

“Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado”, agrega el documento, así como “recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias”.

En cuanto al accionar de los policías se propone “introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza”.

También se plantea “modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios”.

En cuanto a las penas para los delincuentes, se propone “establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (drogas)”, y la “pena perpetua revisable para delitos gravísimos”.

Se propone también la “construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por niveles de peligrosidad de los internos”, e “impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socioeducativos”.

También se habla de “conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios”.

Además, “excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, homicidio simple, homicidio agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, y secuestro”.

La Guardia Republicana tendría un despliegue “a nivel nacional” cambiando su asiento a “bases en el interior de la República, con destacamentos departamentales”.

También habla de “incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género” y “crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación”.

EDUCACIÓN

Se propone “fortalecer el Ministerio de Educación y Cultura” y “los centros educativos”.

“Reformar los estatutos del personal docente y no docente de ANEP, respetando los derechos adquiridos de los funcionarios actuales” y crear un “plan nacional de construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables”.

En cuanto a lo curricular, se propone una reforma “que abarque la educación desde los 3 hasta los 18 años, y que incluya la formación por competencias”.

También se plantea la “expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país”.

En lo estructural se propone la “modificación de la gobernanza de ANEP: sustitución de los actuales consejos desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales integradas al CODICEN”.

En este sentido, “los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN, con voz y sin voto”.

Además plantea “un plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente, que incluya un sistema de formación universitaria con un marco común y diversidad de instituciones formadoras”.

Y “fortalecer el desarrollo de la UTEC, particularmente en las regiones norte y oeste del país, apostando a la creación de nuevas carreras tecnológicas y aumentando el número de plazas disponibles”.

PROTECCIÓN SOCIAL

“Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES, reduciendo la burocracia y la discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, con las familias y con la propia sociedad”, dice el primer punto en esta área.

“Dar prioridad a la primera infancia”, “reformular las Asignaciones Familiares y otras formas de transferencia monetaria”, y “revisar y rediseñar los mecanismos de adopción, promoviendo un acortamiento de procesos en un marco de garantías adecuadas para todas las partes”.

También habla de la “regularización de asentamientos y de la creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica”.

Además, “crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población”, e “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político”.

AGENDA DE DERECHOS

Aquí se establece el “compromiso con la verdad sobre los desaparecidos”. “Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos”, agrega el documento.

Se plantea además el “combate frontal a la violencia basada en género y a la discriminación por orientación sexual”, el “rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes, víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación”.

Además destaca la “permanencia de las leyes que han sido votadas en los últimos años en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico o por su orientación sexual”.

En cuanto a los derechos humanos, se plantea que “en el campo de la política exterior, se denunciará a los regímenes políticos violadores de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, sean del signo político que sean”.

TRABAJO

En este punto se establece el “reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales”, y se plantea la “creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial”.

“Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo largo del tiempo, es necesario poner énfasis en mejorar los niveles de productividad”, dice el documento.

También se propone la “creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad”.

“Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas, tales como adultos de más de 50 años y jefas o jefes de hogar desocupados, entre otros, mediante reducciones de aportes patronales”.

SALUD

“Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los prestadores”, dice el texto. “Eliminaremos el corralito mutual, buscando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema”, agrega.

“Implementar la Receta Única Nacional (ya proyectada), con el fin de que cada usuario del Sistema de Salud pueda retirar sus medicamentos en cualquier farmacia del país”, y “adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona”.

También se propone “crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior”.

“Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones”, y “poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional (urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual, bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación. Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes”.

DEFENSA

Aquí se propone la “protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo el subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo”, y “modificar la Ley Orgánica Militar”.

Además “se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en esta materia”.

CUENTAS PÚBLICAS

En este primer capítulo, la propuesta del Partido Nacional para los demás “socios” de la coalición pasa por “identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social”.

“Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una Regla Fiscal de Balance Estructural”, es otra de las propuestas.

“Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles”, dice el documento.

EL PAPEL DEL ESTADO

En cuanto a la organización del Estado se propone, entre otras cosas, “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos”.

También se habla de “firmar contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos”, así como “humanizar la función pública, mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios”.

EMPRESAS PÚBLICAS

En este capítulo se propone, entre otros puntos, “aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios”, y la “obligación de que los directorios presenten planes estratégicos ante el Parlamento”.

PAÍS PRODUCTIVO

Aquí se plantea “utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad”. En esta línea se agrega la “importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución”.

Además propone “modificar la política tributaria del agro, que debe estar basada en la renta como ocurre en los demás sectores de la economía”.

También se planea “elaborar y poner en práctica de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con visión logística y territorial”, y “eliminar la obligación financiera”. En este caso se agrega que “la promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera”.

INSERCIÓN INTERNACIONAL

Aquí se plantea “fortalecer la diplomacia comercial”, con “una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos”.

También se habla de “trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros”.

En esa línea está “impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente con los principales países del Sudeste asiático”.

Además se propone “estimular el comercio electrónico mediante el uso de plataformas digitales”.

MEDIO AMBIENTE

Aquí se propone “crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el MVOTMA”. “Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies”, agrega el texto.

Además se propone “crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales, y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía”.

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