La muerte de un álferez por ahogamiento durante un ejercicio en una piscina obligará al Ministerio de Defensa a pagar a sus familiares 200.000 dólares como compensación ante la comprobación del uso de la violencia en la instrucción militar.
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Estado paga US$200.000 por militar muerto en piscina durante un curso
La justicia comprobó que Carlos Olivera, de 25 años, fue obligado a permanecer bajo el agua más de la cuenta. Atención médica demoró 30 minutos
Según informa El País, Carlos Rafael Olivera -de 25 años- falleció el 2 de setiembre de 2009 durante un curso de comando en la escuela Militar de Toledo.
Sus superiores prolongaron en forma coercitiva la permanencia bajo el agua del joven oficial , lo que provocó su defunción.
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En la piscina, Olivera fue hostigado por dos instructores, quienes lo empujaron una y otra vez hacia el fondo y no lo dejaban salir a la superficie.
Según declararon otros aspirantes a comando, Olivera ya había sufrido cansancio y hostigamientos anteriores que determinaron que tuviera que descansar al borde de la escalera por 10 minutos escupiendo agua en varias oportunidades hasta que murió.
Varios alumnos no soportaron dichas "prácticas ilícitas" de los instructores y abandonaron el curso de comando, señala el fallo al que tuvo acceso El País.
En el ámbito penal la causa tambien tuvo consecuencias: los oficiales instructores fueron destituidos y procesados por homicidio por la Justicia de Pando, y se les ordenó prisión domiciliaria.
El caso llevó al presidente Tabaré Vázquez a ordenar al Ministerio de Defensa la eliminación de actos violentos en los cursos del Ejército.
El 16 de junio, el juez letrado de lo Contencioso de 3° turno, Pablo Eguren, estimó el daño para la familia de Olivera en 200.000 dólares, incluidos intereses y el valor de una vivienda para la esposa del militar.
Los padres de Olivera recibirán 80.000 dólares, tres hermanas del fallecido cobraran un total de 45.000 dólares, en tanto la pareja recibirá 57.000 dolares. Así, Eguren hizo lugar al reclamo de vivienda, y de daño emergente presentados por la viuda
El juicio civil empezó en 2013 con una demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio de Defensa, al entender que hubo responsabilidad del Estado en su muerte.
También reclamaron daño moral, lucro cesante y premuerte sufrida por la víctima. Los familiares pedían una indemnización de US$ 733.000.
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Sin juicio mediante, el ministerio otorgó a la viuda una pensión equivalente a la retribución del grado de capitán que supera en mucho el salario que percibía la víctima en vida.
Pero a cambio planteó a la justicia que la familia olivera debía retirar la demanda por daño moral, daños materiales y lucro cesante.
El juez Eguren se apoyó en el dictamen forense de Guido Berro. La causa determinante de la muerte fue "ahogamiento o sumersión con inundación de las vías respiratorias, lo cual provoca asfixia e insuficiencia cardíaca".
El día de la prueba, Olivera llegó a la Escuela Militar -como todos los alferez- sin desayunar y con un descanso de 6 horas.
Durante las investigaciones judiciales quedó probado que la asistencia médica recibida por Olivera fue insuficiente, no encontrándose ambulancia en el lugar ni elementos para interrumpir un paro cardio-respiratorio.
Se demoró más de 30 minutos en trasladarlo para ser atendido por un médico.
Según narran sus padres en una nota en el diario El Pueblo de Salto de 2012, Olivera estaba nervioso por la prueba. Residía en Minas junto a su esposa y revistaba en el Batallón 11. Tenía miedo de lo que podría pasar.
Su sueño, contaron sus padres, era ir a una misión de paz de Naciones Unidas y reunir dinero para comprarle casa a sus familiares
FOTO: Olivera junto a sus padres. Diario El Pueblo de Salto.
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