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El BPS analiza 172 solicitudes de pensión a víctimas de delitos
Se demora la aprobación de las pensiones porque hay que verificar la causa del homicidio por vía judicial y no solo con base al parte policial. Víctimas reclaman celerida
Son 172 las solicitudes presentadas ante el Banco de Previsión Social (BPS) para obtener una pensión destinada a familiares de víctimas de delitos violentos. La ley aprobada en diciembre del 2012 prevé esta reparación económica en casos de homicidios ocurridos en rapiñas, copamiento o secuestro.
Todas las solicitudes se encuentran aún en trámite en el BPS. Son analizadas por una comisión asesora que se creó por decreto para verificar el delito que provocó la víctima y el posterior pedido de pensión por parte de sus familiares.
Subrayado consultó a Elvira Domínguez, integrante del directorio del BPS, quien explicó que el gran problema que encuentran para poder aprobar las pensiones es la tipificación del delito.
“De cada seccional de Policía viene un parte diferente, no queda tipificado claramente si se trata de una rapiña. En ningún caso está muy clara la redacción con respecto a la tipificación de los delitos, por lo que por ahora están todos en etapa de análisis”, afirmó la jerarca.
El presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo a Subrayado que la comisión asesora se creó por decreto el 6 de marzo y comenzó a trabajar al día siguiente, con representantes del Banco, del Ministerio del Interior y del Poder Judicial.
Murro explicó que "casi la totalidad" de las solicitudes de pensión fueron presentadas con base en el parte policial, y que la comisión debe esperar a verificar el delito por vía judicial. Muchas veces se deberá esperar al fallo del juez para comprobar la pertinencia de la pensión solicitada.
Uno de los casos que se está tramitando es el de Mónica, esposa de Alejandro Novo, asesinado en 2009 durante una rapiña. Ella reclamó la pensión y aguarda que se apruebe su reparación económica, (ver video).
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