Directora de Cárcel Central advirtió varias veces a las autoridades sobre la fuga de Morabito

Por el momento, el único renunciante es Alberto Gadea, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. En su lugar asumió Ana Juanche, hasta hoy subdirectora técnica del organismo.

Para González, "hay una responsabilidad compartida" en la fuga de los delincuentes, y en ello involucra al Instituto Nacional de rehabilitación, a la Jefatura de Policía de Montevideo, a la dirección Nacional de Policía y a la Guardia Republicana, encargada directa de custodiar a Morabito.

"Yo no puedo hacer más de lo que hice", dijo González, quien aseguró haber comunicado oralmente y por escrito en "innumerables ocasiones" sobre la alta posibilidad de fuga.

"Hay una cadena de mando. Si no tengo respuesta, hay muchos favores involucrados", señaló. "Estamos hablando de personas de alta peligrosidad"

La funcionaria dijo que Cárcel Central como lo indica su nombre actual es "un centro de diagnóstico y derivación" de presos, y no un establecimiento penitenciario para alojar reclusos de largo plazo.

En teoría, tras unos días de permanencia, los presos deben ir a una junta nacional de Traslados, que decide -función de los delitos cometidos, de su peligrosidad- en qué unidad debe pasar su período de privación de libertad.

Sin embargo, más de un centenar de personas están allí alojadas por distintos motivos: amenazas de otros reclusos, presos con orden de extradición, personas que no entran en las clasificaciones habituales, o cuya situación cultural y socioeconómica los hace vulnerables frente a otros delincuentes.

Según la directora de Cárcel Central, Morabito y sus secuaces estaban informados de un eventual cambio de las condiciones de reclusión.

González dijo que poco antes de la fuga se hizo público que la estructura que hoy funciona en Cárcel Central iba a ser trasladada a otra unidad. "Cuando salió publicada la noticia yo no estaba ni enterada".

Las periodistas Viviana Ruggiero y Patricia Madrid apuntaron que la información apuntaba a un traslado hacia la Cárcel de Punta de Rieles.

Sobre el traslado de Morabito desde Cárcel Central, Mary González dijo que el mafioso calabrés estaba en conversaciones con la dirección desde hace tiempo.

"Entre los derechos de un preso está la solicitud de traslados", explicó.

El pedido se elevó a las autoridades el 31 de octubre de 2018.

El planteo principal era enviar a Morabito al predio de Guardia Republicana.

Mary González aclaró que no fue idea de ella, sino que el plan surgió de distintas instancias de evaluación y del pedido del propio Morabito.

El italiano se encontraba en una situación bastante privilegiada en el sexto piso, pero pretendía más intimidad.

En el piso 6 de Cárcel Central compartía un pabellón con los otros tres fugados, cada uno tenía su propia habitación. Todos tenían sus puertas abiertas. Por la noche el jefe de servicio -el llavero- cerraba las rejas del piso, pero la libertad ambulatoria era amplia.

De hecho, todos escapan por la habitación de uno de los presos.

No obstante, Morabito quería condiciones similares a las que tenía Gerardo González Valencia, el mexicano vinculado a los líderes del cártel "Los Cuinis".

Precisamente González esta alojado en Guardia Republicana.

Las distintas evaluaciones del INR llegaron a la conclusión de que la decisión debía pasar por las máximas jerarquías del Ministerio del Interior.

Así fue que , con fecha 7 de mayo de 2019, Mario Layera dio su negativa al traslado en función de la posibilidad de una "unión y concertación de dos lideres de grupos de gran peligrosidad", en relación a Morabito y el narco González Valencia.

La directora dijo que hubo señales de la inminencia de una fuga.

El persona a cargo del área había encontrado cuerdas y otros elementos, en coincidencia con lo que alertaban los informes de inteligencia carcelaria.

"Es un edificio viejo, con grandes posibilidades de fugas. Hay muchas vulnerabilidades. No hay scanner corporal para las visitas. Es un sitio que tiene dificultades", señaló.

"Las medidas que veníamos reclamando eran también por la seguridad del personal".

A fines de la pasada semana, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, se retiró el equipamiento de televigilancia.

González dijo no saber qué se estaba investigando. Simplemente obedeció el pedido de la justicia.

Nadie sabía, aparte de ella y unos pocos funcionarios allegados, que las 16 cámaras iban a estar inoperantes durante el fin de semana.

Pero una vez que recibió el pedido de la fiscalía, volvió a reiterar las advertencias a sus superiores.

"El video es una herramienta más, por eso no se pidió reforzar la guardia", explicó.

Sin embargo, la directora habló con Alberto Gadea, director del INR. Y pidió al personal del ministerio público una constancia de que incautaban el equipamiento DVR.