Crisis entre los tres Poderes del Estado en Uruguay

Se trata de la que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la que anuló los efectos de la Ley de Caducidad de 1986, que protegía a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985).

IMPUESTO. La primera provocó una fuerte reacción del Poder Ejecutivo contra el máximo órgano del Poder Judicial porque declaró inconstitucional el impuesto que el gobierno había creado para gravar a los grandes propietarios de tierras en el país (con más de 2.000 hectáreas).

El presidente José Mujica llegó a decir que si la Corte y la Constitución impedían gravar a los grandes “terratenientes”, a los que tienen más dinero, entonces habría que modificar la Carta Magna.

El Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aseguró que el fundamento jurídico de la Corte estaba “profundamente errado”, y si bien se acatará el fallo de la Justicia, ya se anuncian alternativas legales para volver a gravar con más impuestos a los propietarios de grandes extensiones de tierras.

Finalmente Mujica dejó de lado la posibilidad, por ahora, de modificar la Constitución, pero sí va por un nuevo impuesto, distinto pero con similar efecto al anulado por la Corte.

La caída del ICIR, además, provocó una crisis interna en el Poder Ejecutivo, entre los impulsores de este impuesto (un equipo económico que trabaja alrededor del presidente) y el Ministerio de Economía, liderado por el vicepresidente Danilo Astori, que cuestionaba ese nuevo tributo y le pasó factura públicamente.

Esta crisis casi provoca la caída del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, extremo que se evitó tras una sesión del Consejo de Ministros en la que hubo catarsis y ambos bloques dentro del Ejecutivo se dijeron de todo.

Como saldo, desde el Poder Ejecutivo se criticó con dureza a la Suprema Corte y comenzaron a ver de reojo a sus integrantes. Lo que vino después abonó esa desconfianza.

CADUCIDAD. La Corte declaró inconstitucional dos artículos de la ley que el gobierno y el Frente Amplio habían creado para anular los efectos de la ley de Caducidad.

Esta nueva ley restablecía la pretensión punitiva del Estado, declaraba que los delitos de la dictadura no prescribían y que además eran todos considerados de lesa humanidad.

La Corte mantuvo vigente el restablecimiento de la potestad del Estado de perseguir y eventualmente procesar, a través de los jueces, a los militares y policías de la dictadura. Pero anuló los artículos que establecía los delitos por ellos cometidos como imprescriptibles y de lesa humanidad. En los hechos, los jueces podrán investigar sin problemas pero se encontrarán con que los delitos prescribieron en noviembre de 2011 y que no son de lesa humanidad.

La reacción esta vez no llegó del Poder Ejecutivo sino del Parlamento. Varios grupos del Frente Amplio (MPP, Partido Comunista, Vertiente Artiguista) cuestionaron con dureza la decisión de la Corte y amenazan con iniciar un juicio político desde el Poder Legislativo contra las máxima autoridades del Poder Judicial.

La primera senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky (MPP) y esposa del presidente Mujica, dijo directamente que estaba pensando en un juicio político a los ministros de la Suprema Corte.

El MPP vincula el fallo contra la ley que anuló la ley de Caducidad, con otro episodio inmediato anterior, que fue el traslado de la jueza penal Mariana Mota, por parte de la Corte, a un juzgado civil.

Topolansky dijo que ambos casos (Mota y Caducidad) están vinculados y que la Corte hizo esto para “mantener la impunidad en Uruguay”.

El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) también maneja la posibilidad de un juicio político a la Corte en el Parlamento, pero solo si se comprueba que con el traslado de Mota se violó la independencia de los jueces. Eso ya es suficiente, sostiene.

La oposición política al gobierno salió al cruce de las pretensiones de juicio político desde el Poder Legislativo al Poder Judicial y anunció que resistirá tal extremo. Así lo expresaron los senadores Ope Pasquet (Partido Colorado) y Gustavo Penadés (Partido Nacional). Advierten que desde el Ejecutivo y parte del Legislativo (el FA) se viola la separación de poderes.

HAY MÁS. Pero el choque de la Suprema Corte con el Poder Ejecutivo y con la bancada oficialista en el Poder Legislativo es probable que no termine acá.

La Corte tiene a estudio otro recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra otra ley considerada clave para el gobierno: la ley de patente única.

Esta ley unificó el precio de las patentes de rodados en todo el país acabando con una “guerra de patentes” que tenía varias décadas.

El problema es que algunos afectados presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley porque consideran que se viola la autonomía de cada gobierno departamental. Cuando la Corte anuló el ICIR hizo referencia a la autonomía departamental y para algunos juristas, como Martín Risso (Universidad Católica) la ley de patente única es efectivamente inconstitucional.

Si la Corte hace caer la ley de patente única sería otro golpe muy fuerte para el gobierno y el Frente Amplio, que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo ya proponen cambios en la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte.

También proponen cambios en el procedimiento por el que la Corte traslada jueces.

RESUMEN. El Poder Judicial le asestó tres duros golpes al Poder Ejecutivo y al Frente Amplio: el ICIR, la Caducidad y el traslado de Mota, y puede agregar un cuarto con la patente única.

A su vez el Poder Ejecutivo cuestionó al Judicial y desde el Poder Legislativo se amenaza con un juicio político a la Suprema Corte, además de cambios en su integración y potestades administrativas.  

FOTO: Ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak y presidente de la República, José Mujica.