Crimen Organizado investiga denuncia contra ex autoridades del INAU y SIRPA

Es por presuntas irregularidades en contrataciones directas de obras y el ingreso al SIRPA de familiares de dirigentes sindicales.

03 de septiembre de 2015, 19:02hs

La Justicia del Crimen Organizado analiza una denuncia penal contra el anterior directorio del INAU, el SIRPA y del sindicato de funcionarios.

La denuncia, a la que accedió Subrayado, es por presuntas irregularidades en la contratación de personal desde el año 2012 a la fecha, y la ejecución de obras edilicias.

Fue presentada hace dos semanas ante el juez Néstor Valetti, quien derivó el caso al fiscal Juan Gómez.

El escrito solicita que se investigue a los anteriores jerarcas del INAU, Javier Salsamendi, y del SIRPA, Ruben Villaverde, quienes habrían actuado de forma irregular en conjunción con el sindicato del INAU.

Son dos denuncias incluidas en el expediente vinculadas a la ejecución de obras y la contratación de personal.

Sobre este último punto, el denunciante solicita investigar el ingreso de todos los funcionarios al INAU y al SIRPA desde abril de 2012 a la fecha.

Pide que se investigue cómo se realizó la selección de los mismos, cómo y quienes integraron los tribunales de selección, el parentesco entre los concursantes y los miembros de esos tribunales y si se respetó la prohibición de ingresos en año electoral.

También pide investigar el ingreso de trabajadores en el llamado “contrato de talleristas” ya que bajo ese perfil del concurso habrían ingresado médicos y sociólogos, entre otros profesionales.

El denunciante sostiene que en el 2014 -año electoral- ingresaron 1.200 funcionarios al INAU y 400 al SIRPA.

Asimismo, pide que se solicite por oficio al SIRPA la lista de los funcionarios que ocupan cargos de dirección de programas, de hogares, coordinadores y encargaturas, y que presten testimonio sobre su vinculación con la lista 10 del sindicato del INAU, que lidera Joselo López, presidente del sindicato.

También reclama los legajos de todos los funcionarios que ocupan cargos de dirección en el SIRPA, incluida la secretaria letrada, para comprobar cuántos y quienes tienen sumarios administrativos con informe final negativo y pedidos de destitución.

El denunciante quiere saber además cómo y cuándo ingresaron a trabajar en el SIRPA y dónde desempeñan funciones actualmente la esposa de Joselo López y sus dos hijos.

OBRAS. Otra parte de la denuncia que investiga la Justicia del Crimen Organizado tiene que ver con la realización de obras y compras directas por 20 millones de dólares y el vínculo de amistad de las ex autoridades del SIRPA con el adjudicatario directo.

El denunciante le pide a la Justicia que se envíe un oficio al INAU y al SIRPA para que brinden información de cómo y cual fue el criterio de adjudicación para la realización de obras y compras directas por ese monto, votado por el Parlamento en el 2012.

Estos fondos fueron utilizados para la construcción del nuevo Centro de Privación de Libertad (Ceprili), las construcciones en el predio del Batallón Nº 9, en La Tablada y la remodelación del ex hogar Ser.

Estas obras fueron otorgadas por compra directa y tanto el denunciante como las actuales autoridades y la Institución Nacional de Derechos Humanos señalan que en menos de un año de uso ya están totalmente deterioradas.

También se pide investigar la relación de amistad entre el arquitecto adjudicatario de las obras, y el ex presidente del SIRPA, Ruben Villaverde.

A raíz de los incidentes registrados en el Ceprili y lo endeble de las estructuras, las actuales autoridades solicitaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la realización de una auditoria de obra para conocer el estado de la edificación.

La investigación arquitectónica está en curso en el Centro de Ingreso y Derivación, en el Ceprili y en las obras realizadas en el predio del Batallón Nº 9.

 

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