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Corte-IDH condena a Honduras por violar derechos humanos de buzos miskitos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos de 42 buzos indígenas miskitos que sufrieron accidentes -algunos incluso murieron- mientras se dedicaban a la pesca de buceo en la remota región caribeña de la Mosquitia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos de 42 buzos indígenas miskitos que sufrieron accidentes -algunos incluso murieron- mientras se dedicaban a la pesca de buceo en la remota región caribeña de la Mosquitia.

"La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a los derechos del niño (...)", señala la resolución.

El tribunal, con sede en San José, informó además que el Estado hondureño aceptó su responsabilidad y llegó a un acuerdo con las víctimas.

El caso se refiere a 42 buzos que sufrieron accidentes al laborar para empresas dedicadas a la pesca por buceo en esa zona de la costa del Caribe, en el departamento de Gracias a Dios, golpeada por la pobreza. Los hechos ocurrieron alrededor de 2003.

En esa labor, "34 de estos buzos sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaron, y que les generaron el síndrome de descompresión u otras enfermedades relacionadas con su actividad, 12 de los cuales fallecieron", según la sentencia.

Siete más también perdieron la vida a causa del incendio de la embarcación "Lancaster" y un niño, identificado como Licar Méndez, fue abandonado en un cayuco (tipo de canoa) y nunca apareció, agregó el fallo.

Dos de los 42 afectados son Ernesto McLean y Jaime Lemus, quienes quedaron discapacitados y ya no pueden caminar, según un reportaje de la AFP de 2019.

La Corte valoró en su sentencia que los Estados tienen "la obligación de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas realizadas por empresas privadas que impliquen riesgos significativos para los derechos humanos".

Según el tribunal, el Estado debió protegerlos previamente dado que "las víctimas se encontraban inmersas en patrones de discriminación estructural y se encontraban en situación de pobreza".

Además, "no contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar un trabajo peligroso que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida", agregó.

Entre las medidas de reparación que prometió el Estado están una indemnización económica (no precisada), vivienda para las víctimas y sus familias, así como becas educativas para sus hijos y nietos.

También se acordó desarrollar programas de capacitación laboral y garantías de inclusión social para la comunidad, entre otros.

En la Mosquitia habitan comunidades que sobreviven sin electricidad ni agua potable, comunicadas únicamente por caminos y ríos, y es usada por narcotraficantes como puente de la cocaína que llevan hacia el mercado estadounidense.

dgj/mis/rsr

FUENTE: AFP

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