Coordinadora Antiimperialista, radicales en la mira del gobierno

Grupo Asamblea Popular señala que el Ministerio del Interior usa "métodos pachequistas"  para inculparlos. Una red que incluye al sindicato del taxi y a Plenaria

Asamblea Popular, del grupo de izquierda no frenteamplista acusado de la asonada del martes 4 de junio, acusa al gobierno frenteamplista de utilizar “métodos pachequistas” para inculpar al sector político. Según el gobierno, un video prueba la presencia de militantes de ultraizquierda, aprovechando los festejos de Peñarol para incitar a incidentes.

El Ministerio del Interior informó que grupo radicales -a los que no identificó- fueron los responsables de un ataque a la Suprema Corte de Justicia que generó rotura de vidrios entre otros daños, durante los festejos del campeonato uruguayo obtenido por Peñarol.

El candidato a presidente por el sector, Gonzalo Abella, dijo al diario La Juventud -vocero oficial de Asamblea Popular- que se trata de una “campaña orquestada” por el Ministerio del Interior y en ese sentido acusa al diario El País de ser parte de la misma.

Abella mostró preocupación por los dichos del director nacional de Policía, Julio Guarteche, en el sentido de que Inteligencia está haciendo un seguimiento a integrantes de estas organizaciones radicales.

Asamblea Popular es un grupo político formado por exfrenteamplistas y grupos escindidos del Frente Amplio. Una de sus bases es el Movimiento 26 de Marzo, otrora liderado por el actual presidente de Ancap Raúl Fernando Sendic.

Entre estos movimientos radicales también está Plenaria Memoria y Justicia, encabezado por Irma Leites, una exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional.

Esta corriente de grupos lanzan duras críticas al Frente Amplio y a sus políticas.

“Parece que solo las organizaciones que luchamos por los derechos humanos somos las únicas que estamos enfrentadas con la Suprema Corte”, dijo Leites. “Ellos están enfrentados por todos”.

Según Leites, “hay una política sistemática de ellos, de criminalizar, de acusar, de estar hostigando”.

Gustavo López, candidato a la vicepresidencia por Asamblea Popular, dijo que su grupo no tiene nada que ver con esos episodios. “SI quieren que traigan a CSI Miami”, agregó, en tono irónico.

López fue dirigente de SUATT, sindicato de los taxistas, y en plena crisis de 2002 fue juzgado por unos dichos que apuntaban al antonces presidente Jorge Batlle.

“La madre del Presidente podrá ser una santa, pero cuando se dice que alguien es un hijo de puta se habla de su conducta en general y se está diciendo que es alguien que opera contra los intereses colectivos. Yo estoy convencido de que el presidente de la República es eso”, dijo López.

En el juicio por desacato, el dirigente fue sobreseído por el juez José Ferreira.

En cambio Leites no corrió la misma suerte. En 2005, fue procesada sin prisión por desacato por ofensa. La razón esgrimida por la justicia fue que se negó a dar la identidad de los autores de unas pintadas contra el Tribunal de Apelaciones, que había archivado entonces el Caso Gelman.

En 2005 un joven fue procesado por el delito de sedición al participar de los destrozos contra un local de la cadena de comida rápida Mc Donald's. Formaba parte de la Coordinadora Antiimperialista, integrada por el Sindicato del Taxi, Fogoneros, Plenaria, Memoria y Justicia y el Movimiento 26 de Marzo, aunque no es integrante de ninguno de estos grupos.

La protesta se dio en el marco de la visita del presidente George W. Bush, un recordado evento en el que fue recibido por el entonces mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez.

Bush fue determinante en la consecución de un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que salvó a Uruguay de la cesación de pagos en la crisis de 2002.

Una vez más, Irma Leites salió en defensa de su compañero político: “intentan criminalizar la protesta política!”, dijo al diario Últimas Noticias.

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