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Contadora afirmó que no ha sido citada para declarar sobre viajes que realizó con Toma

Giuliana Pérez reveló a radio Universal que no volvió a hablar con el ex secretario de Presidencia después del fin de su contrato

La contadora Giuliana Pérez dijo a 970 noticias que no volvió hablar ex secretario de la Presidencia desde que finalizó su contrato con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Además, señaló que no ha sido citada a declarar ni por la Junta de Transparencia y Etica Publica (Jutep) ni por la investigación administrativa ordenada por el presidente Lacalle Pou. Tampoco por ninguna fiscalía. Toma esta citado para el 28 de setiembre, según informó hoy Radio Sarandí.

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Pérez, de 26 años, se vio involucrada en un caso en el que es denunciado el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, hoy en el cargo de fiscal de gobierno.

En concreto, la investigación apunta a saber el manejo de Miguel Ángel Toma en dos misiones oficiales que totalizaron cinco viajes, dos a Italia y tres a Estados Unidos en el segundo semestre del año 2019 y principios de 2020.

En esos viajes participó la contadora Pérez como asesora directa del secretario de Presidencia.

Búsqueda y el programa radial "Así nos va" de Radio Carve divulgaron detalles del trabajo conjunto entre el jerarca y la funcionaria, a quien el propio Toma había ayudado a ingresar en Presidencia.

En marzo de 2019, Giuliana Pérez se integró a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Pero meses después, Toma decidió incorporarla a su staff y se lo comunicó en forma directa al director de esa repartición Daniel Espinosa.

Consultado Espinosa sobre esto, dijo que nunca fue consultado por este traslado y que su división jamás tuvo que ver con la investigación asignada a Pérez.

Toma explicó en su momento que la contadora pública se iba a encargar de investigar los casos de lavado de activos de militares uruguayos durante el marco de Operación Cóndor que tuvo lugar en los años 70, una coordinación de fuerzas represivas del Cono Sur.

Esta función estaba determinada como parte del capítulo uruguayo de la documentación presentada por el Estado para el caso de represores uruguayos acusados en Italia por asesinar, secuestrar, desaparecer y torturar a personas de ciudadanía italiana durante la dictadura.

No obstante, las funciones de la contadora se extendieron a otras tareas abordadas por Toma, como por ejemplo en la mediación de un tribunal de Washington DC iniciada por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo.

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