Los dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina Cristina Kirchner en 2022 fueron condenados este miércoles a 10 y ocho años de prisión, al final del juicio por este caso que sacudió a la sociedad argentina.
Condenan a 10 y 8 años de prisión a autores de fallido atentado contra expresidenta argentina Cristina Kirchner
La justicia absolvió a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, que había sido acusado de planificar el ataque a Cristina Kirchner.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Fotos: AFP
Fernando Sabag Montiel, de 38 años fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, una pena que unificada con otras previas lleva a un total de 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires.
Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido "partícipe necesaria", dijo la jueza.
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El 1 de setiembre de 2022, Sabag Montiel se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta (2019-2023) frente a su casa y le gatilló dos veces a la cabeza, sin que las balas salieran.
En sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Sabag se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa: "Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe", dijo.
"Si me piensan desaparecer (al enviarlo a prisión), es algo que tienen que pensar porque no puede pasar a la ligera", prosiguió. De su parte, Uliarte se negó a hablar.
A lo largo del juicio iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel admitió que había querido matar a Kirchner como "un acto de justicia" ya que, según él, "es corrupta, roba y hace daño a la sociedad".
La justicia absolvió a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, que había sido acusado de planificar el ataque. "Estos tres años nadie me los va a devolver", lamentó Carrizo.
Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato.
FUENTE: AFP
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