Casupá: ARU planteó reparos al proyecto por "limitaciones productivas, desestímulo y prohibición a inversiones"

Con respecto a la ganadería de carne, el 75% de los casos fue favorable a la industria en la comparación del ingreso medio de exportación y el precio de la hacienda, y Turquía surgió como demandante de ganado en pie para "sacarle taquicardia al mercado". Ferber dijo que hay temas a atender como la concentración de la industria, "un proceso inevitable", en el que cuatro grupos faenen el 80% del ganado en Uruguay. Advirtió que es un problema entre industrias, de competencia y pidió revisar el seguro de paro extendido a empresas que tienen más de una planta.

Hizo una defensa cerrada de la exportación de ganado en pie, definiéndola como una herramienta esencial y un "regulador" indispensable para el mercado. Ferber enfatizó que mantener esta vía de comercialización abierta es fundamental para garantizar la libre competencia y asegurar que el productor reciba un precio justo por su hacienda, evitando distorsiones que afecten la rentabilidad del eslabón primario. "La exportación en pie es el testigo imprescindible para que se pague el mejor precio posible al productor", afirmó y rechazó las limitaciones a las exportaciones.

Por último, abordó el tema de la cuenca del Santa Lucía y el uso de su suelo, donde se encuentra la mayor parte de la infraestructura del país. Una zona de 1,3 millones de hectáreas (8% de la superficie de Uruguay) donde el 71% está dedicada a la ganadería y lechería, el 16% a la agricultura y el 4% forestal. La cuenca genera el 28% del PIB agropecuario, unos 1.500 millones de dólares "hasta la portera".

Ferber expresó su profunda preocupación por las restricciones ambientales vinculadas al proyecto Casupá como el establecimiento de una zona de exclusión de hasta 100 metros (unos 1.500 kilómetros de largo) a aplicación de nutrientes y fitosanitarios, y la prohibición de nuevos emprendimientos de engorde de ganador de corral, con impacto en el sector lechero y ganadero.

El titular de la ARU afirmó que las restricciones planteadas desestimulan la inversión y topean los rendimientos productivos. Una reducción del 10% en el producto de la cuenca representaría una pérdida de 150 millones de dólares anuales. Habló de "limitaciones productivas muy importantes" y "un desestímulo fuerte en general y prohibición a nuevas inversiones".

Como alternativa, propuso considerar la opción de Juan Lacaze, que podría estar operativa en tres años y que si se levantan las restricciones productivas en la cuenca del Santa Lucía, en cinco años se cubriría el costo de traer el agua del Río de la Plata vía Juan Lacaze, utilizando la infraestructura disponible y posibilitando el crecimiento de las inversiones.