Ataque contra sede del INR: dirigentes políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"

El exministro de Defensa Nacional, Javier García, publicó en su cuenta de X: "Primero la Fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. Nuestra solidaridad con ella y su familia. El narco y el crimen organizado van por la democracia. Discutamos todo, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes".

El sindicato de la Guardia Republicana indicó a través de X: "Nos solidarizamos profundamente con la Dirección del INR Ante el grave hecho ocurrido, donde la sede fue atacada y se dejó un mensaje de amenaza que busca amedrentar a quienes trabajan por la seguridad y el orden. Este tipo de acciones no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos que creemos en un Estado firme y democrático".

Y agregaron: "Frente a estos hechos no hay lugar para divisiones. Por el contrario, debemos fortalecer la unidad entre quienes integramos el sistema de seguridad pública. Sólo unidos podremos enfrentar y derrotar este flagelo".

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva escribió: "Toda nuestra solidaridad con la Directora del INR. Todos juntos".

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, expresó su solidaridad con la directora del instituto y llamó a cerrar filas para combatir el crimen organizado.

"Toda mi solidaridad y respaldo con Ana Juanche que fue amenazada en el atentado de la sede administrativa del INR. El enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole".

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se solidarizó con la directora del INR y destacó la formación y valentía de la jerarca.

"El sistema carcelario y de rehabilitación es uno de nuestros mayores desafíos. Ana Juanche, sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad. Toda mi solidaridad y apoyo ante esta amenaza a tu familia y ante este atentado a la institucionalidad".

Por su parte, la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló calificó el hecho de "gravísimo" y que "no podemos normalizarlo".

"Es gravísimo!!!! Atacar una institución pública y amenazar a su directora es un mensaje directo contra la República. Venimos de una serie de hechos similares y no podemos normalizarlo. En Uruguay, el miedo, la extorsión y la violencia jamás pueden reemplazar a la ley ni al diálogo democrático. El sistema político debe actuar unido, con firmeza y responsabilidad, para frenar esta escalada y proteger nuestra democracia".

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su solidaridad con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y con todos los funcionarios del organismo ante el ataque y las amenazas de las que han sido víctimas en las últimas horas.

"Manifiesta su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, que no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que buscan intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Cualquier acción violenta dirigida a quienes cumplen funciones públicas atenta contra el Estado de derecho y contra la convivencia democrática. Por ello, la INDDHH reafirma la importancia de una respuesta firme y coordinada que asegure la investigación exhaustiva de lo ocurrido, la protección de las personas afectadas y la continuidad del trabajo institucional sin interferencias", comienza indicando el comunicado.

Y agrega: "La labor del INR es estratégica para el sistema de justicia y la garantía para el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad. La INDDHH mantiene una relación institucional sólida y permanente con dicha entidad, por lo que este episodio reviste especial alerta y genera total solidaridad ante lo sucedido. Ante el avance de acciones ilícitas que buscan intimidar y desafiar al Estado en el ejercicio de sus funciones es necesario que, desde toda la sociedad y del sistema político todo, exista consenso en afrontar estas amenazas acordando políticas públicas que permitan combatirlas, vencerlas y asegurar el pleno goce de derechos".