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Así funcionaba la red de empresas creada para captar socios de mutualistas

Uno de los procesados tenía una empresa, que a su vez contrató a otras cuatro y a varios particulares. Un cuidacoches era su testaferro.

En uno de los autos de procesamiento que dictó la jueza Julia Staricco se explica la red de empresas creada para afiliar nuevos socios a diversas mutualistas de forma ilegal, pagando por ello a los afiliados y a los promotores que convencían a estas personas de inscribirse en determinado prestador de salud.

Un ejemplo es el caso de S.A., supervisor del Círculo Católico, quien había creado una empresa (PROMOLAR) para captar socios en esa y otras mutualistas.

S.A. era el dueño de la empresa, pero no figuraba como tal. El “propietario” (su testaferro) era un cuidacoches de iniciales J.O., a quien le pagaba 100 pesos por cada nuevo afiliado, según surge del fallo.

“En efecto, más allá de su cargo de supervisor en el Círculo Católico, el indagado a través de la empresa mencionada cobró por la afiliación de los socios obtenidos por la empresa de marketing y promoción antes mencionada”, dice el auto de procesamiento que envió a prisión a S.A. por un delito de intermediación lucrativa.

LA RED. Pero PROMOLAR no funcionaba sola, tenía una red de empresas y particulares contratados para realizar esta maniobra ilegal a gran escala, y pagaba por cada nuevo socio, tanto al afiliado como a quien concretaba la afiliación.

“Para ello contrató a cuatro empresas, para que consiguieran afiliados, y a su vez también contrató a la coindagada G.T. y S.L. en forma independiente y no como empresa”, dice la magistrada.

“A las empresas les paga con factura, en cambio a los otros promotores, que no eran empresas, les pagaba él directamente por cada nueva afiliación”, detalla Staricco.

“A su vez se pudo establecer que la indagada S.L. captó al socio J.G., ciudadano peruano, quien recibió $ 700 que le entregó la indagada por darle la copia de la cédula para ser afiliado al Círculo Católico”, agrega.

“En efecto, ésta le envió un mensaje vía Whatsapp a S.A. (el supervisor del Círculo y dueño de PROMOLAR) para que la habilitara a hacerlo, pidiéndole además que le diera dicha suma para pagarle a G., lo cual se concretó en la vía pública”, describe la jueza.
Luego, S.L. (la promotora contratada de forma irregular, en negro) cobró $ 2.500 por esta afiliación, dinero que pagó S.A., el dueño de la empresa y supervisor de la mutualista.

CIENTOS O MILES. “La operativa de captación de socios con pago de dinero se repitió varias veces. Los nuevos socios generalmente eran los que fijaban el precio, pero para el caso de S. L. (la promotora), rondaba siempre en la suma mencionada”, dice Staricco en el auto de procesamiento.

“El afiliador coordinaba el precio con el nuevo socio, entre $ 500 a $ 700, luego el nuevo socio entregaba la documentación, se le pagaba el dinero y se lo afiliaba en la mutualista, dándose el alta en el BPS. Esta maniobra era conocida por el indagado S.A., quien expresó que en varias oportunidades les dio el dinero a las empresas o personas que afiliaban para él, a fin de que éstos entregaran el dinero al nuevo socio”, agrega.

“Todos los ya procesados admitieron que era una práctica común para captar nuevos socios, y que todos estaban en conocimiento de dicha operativa. A su vez, S. A. admitió que en el caso de J.I., a los socios por su afiliación se les pagaba $ 3.500, como a los que traían de las demás empresas contratadas”, detalla.

CONFESIÓN. Todos los indagados admitieron en sede judicial su “accionar ilícito”, dice la jueza Staricco.

Otro de los procesados, P.G., admitió que su empresa de marketing y promociones firmó un

contrato con PROMOLAR, y dijo que reconocía como su propietario y “cara visible” de esa empresa a S. A.

P.G. también admitió que “algunas” de las afiliaciones efectuadas por J.I. (otra promotora) eran ilegales.

Este empresario “pagaba cierta suma de dinero, la cual parte iba para el nuevo socio y parte para el que hacia la afiliación”, dice el fallo judicial.

La esposa de P.G., de iniciales C.A.P.N., que también fue indagada, dijo que lo ayudaba con la tarea pero que no sabía de la maniobra ilegal. “Únicamente lo acompañaba cuando él hacía en forma directa también afiliaciones”, dice la magistrada.

Por esta mega estafa al Fonasa (Fondo Nacional de la Salud), que es el organismo estatal que paga a las mutualistas una cápita por cada afiliado, ya hay 11 procesados con prisión.

 

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