Argentina suspendió la negociación por el canal Martín García

Esto por el ofrecimiento de coima que recibió el jefe de gabinete de la Cancillería uruguaya, Francisco Bustillo, representante del gobierno en la Comisión Administradora del Río de la Plata.

Este miércoles la Cancillería volvió a cuestionar el informe del TCR y anunció en un comunicado de prensa que suspendió toda negociación con Uruguay por la licitación para dragar el canal binacional.

"La Cancillería argentina informa que resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas 'sobre la regularidad de los procedimientos', expresadas por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay", dice el comunicado de la Cancillería de Argentina.

De acuerdo a otro comunicado emitido este martes de noche por Argentina (descalificando el informe del TCR) el próximo lunes 30 se iban a abrir los primeros sobres de la licitación para el dragado del canal. 

El resto del comunicado dice:

"El Canal Martín García es un emprendimiento a cargo de la Comisión  Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo y ante la situación de duda planteada por uno de los socios, basadas según los auditores uruguayos en “información reservada dispuesta por el artículo 9 inc. B) de la Ley 18381” y a la cual el otro socio (Argentina) no ha tenido acceso. Es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría.

El Tribunal de Cuentas en su trabajo contradice lo expresado por el Canciller Luis Almagro el 12 de junio en la Honorable Cámara  de Senadores del Uruguay, cuando afirmó “quiero decir que, tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva –ni siquiera  en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos”.

Cristina Fernández ya había suspendido las negociaciones con el gobierno de Mujica en mayo, cuando en la prensa uruguaya se informó del intento de soborno al embajador Bustillo.

Allí se acordó finalmente iniciar una investigación en ambos países y llamar a un concurso de precios para hacer el mantenimiento del canal Martín García, algo que Uruguay había propuesto a comienzos de 2012 y que Argentina rechazó. Esto hizo que en Uruguay se sospechara de que Argentina quería darle largas a la licitación por el dragado para beneficiar a la empresa que estaba haciendo el mantenimiento: Ríovía.

Esta empresa sigue haciendo el mantenimiento y es la que supuestamente quería contar con el buen concurso de Bustillo para seguir con la concesión.