Ancianos abusados económicamente: plantean controles severos

Hoy es el Día Mundial contra el maltrato al adulto mayor. El Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina plantea leyes para controlar el abuso a los ancianos.

Los médicos plantearon la necesidad de “aportar a esa reflexión y proponer medidas concretas. Carecemos de registros o estadísticas oficiales y los sistemas de detección e información no consideran a esta población de riesgo. Se trata de un grave problema mayor de salud pública y políticas sociales, sub diagnosticado y que raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos”, denuncian.

“Si la violencia sobre los niños y las mujeres ingresa tardíamente en la agenda Institucional y de profesiones de la salud y la justicia, la violencia sobre nuestros mayores llega mucho más tarde, existe escasa preparación en el sistema socio sanitario, de seguridad y judicial, acerca de cómo abordarla. Esta carencia que es preciso reconocer y corregir, junto a vacíos legales y respuestas institucionales escasas, establecen la necesidad imperiosa de mejoras en múltiples niveles”, opinan los especialistas.

La Cátedra propone instalar una materia sobre el abuso del adulto mayor en la formación del personal de la salud y las ciencias sociales e incluso del sistema judicial.

Los profesionales consideran que debe haber una protección especial para los adultos mayores. “Más teniendo en cuenta que por encima de los 85 años sólo el 10% estaría en condiciones cognitivas indemnes y con capacidad de defender sus derechos”, agregan.

Uno de los puntos más llamativos es el que hace referencia a legislar sobre sobre el “abuso patrimonial” sobre los ancianos ya que muchas veces se los despoja de sus bienes y se los instala en casas de salud “para que no molesten”.

Los profesionales plantean que existan controles previos sobre la capacidad objetiva de consentir del adulto mayor, con una evaluación médica y declaración jurada.

Consideran que deben haber controles a las instituciones financieras que otorgan préstamos a adultos mayores y a los hogares que no controlan que es lo que hacen los ancianos con su dinero.

En estos casos deberían rendir “ante el organismo de contralor y la Justicia, sobre ingresos y gastos efectuados para asistir al adulto mayor, con los ingresos de que son apoderados, como ya realizan directores de Instituciones Públicas”, agregan.

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