Efectivos del Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol allanaron este mediodía las oficinas de Azul FM por los audios difundidos el martes en el programa La Pecera, que conduce el periodista Ignacio Álvarez por esa emisora.
Allanaron Azul FM por la difusión de los audios del caso de violación en Cordón
Del allanamiento a la emisora se llevaron material en formato digital. Ignacio Álvarez calificó la orden como "ilegal e inconstitucional".
El allanamiento se dio con la orden correspondiente en el marco de las actuaciones por la investigación de la violación a una mujer de 30 años en un apartamento de Cordón en la madrugada del domingo 23 de enero. Según supo Subrayado, del allanamiento a la emisora se llevaron material en formato digital.
Por este caso, este viernes fueron imputados tres mayores de edad por abuso sexual agravado, y a uno de ellos además un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima.
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En el programa radial se difundieron el martes fragmentos de audios sobre el caso. Ese material fue presentado por la defensa de los imputados con el que se busca probar que no se trató de una violación, sino de un encuentro consentido entre las partes.
El abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, sostiene que no se pueden sacar conclusiones en base a audios fragmentados y posiblemente editados. La fiscal del caso, Sylvia Lovesio, dijo que los audios fueron analizados, pero "son fragmentos que no logran controvertir todo el cúmulo de evidencias que tenía la Fiscalía".
La difusión de ese material motivó una investigación de oficio dispuesta por el fiscal de Corte, Juan Gómez, que está a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro. Ella fue quien solicitó los allanamientos y la jueza de garantías, Patricia Rodríguez, hizo lugar a la solicitud fiscal.
Gómez entiende que se pudo haber vulnerado el artículo 92 de la Ley 19.580 (Ley de Género) que establece "la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas", y el artículo 259.6 del Código del Proceso Penal que "impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva".
IGNACIO ÁLVAREZ
Este viernes de tarde, el periodista Ignacio Álvarez se expresó en las redes sociales sobre el caso. "Después de la inédita denuncia que me hicieron los legisladores del FA, hoy la Justicia libró una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados. Por eso no entregué mi celular y voy a recurrir la sentencia", escribió en Twitter.
Álvarez indicó en un comunicado que la orden incluyó el allanamiento a su casa y la incautación de celulares y equipos electrónicos de uso personal y de su programa radial.
"Así, con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes, un derecho fundamental consagrado en la ley e incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene mayor valor que la Constitución", indicó.
"Una orden que si se cumpliera sentaría un precedente grave e inédito que pondría en peligro el trabajo de los periodistas uruguayos, y en consecuencia el derecho de la gente a estar informada", concluyó el conductor de La Pecera.
ORDEN DE ALLANAMIENTO
Los allanamientos a Azul FM y a la casa de Álvarez fueron dispuestos "con el fin de obtener evidencias útiles para la investigación, verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas, así como las cesiones que hubiera realizado de dicho material", expresa el documento judicial que este viernes publica Montevideo Portal.
La jueza Patricia Rodríguez, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, autorizó incautar y registrar en los allanamientos los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (pendrives, discos duros) "propiedad o detentados por el sr. Ignacio Álvarez, de uso personal o de uso de la producción del programa", con el fin de "constatar el contenido del material audiovisual recibido, difundido, cedido" y "comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados".
Además, la magistrada avaló el pedido de realizar el cambio de contraseñas, de dispositivos, aplicaciones y redes "a fin de que no se frustre la investigación en forma remota, como solicita Fiscalía", según el documento al que accedió la publicación.
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