Abogado Gonzalo Lorenzo

Abogado de Montecon sostiene que fallo del TCA habilita a conceder otra terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

“Es justamente lo que dice el TCA, que no puede restringirse el Estado la posibilidad de establecer otras terminales”, dijo el abogado de Montecon. El ministro Oddone dijo que evalúan “la factibilidad jurídica” del proyecto de Montecon.

La empresa Montecon (Neltume Ports) presentó al gobierno días atrás un proyecto de inversión por 900 millones de dólares para desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.

La iniciativa privada viene siendo analizada por el gobierno en sus aspectos jurídicos, dijo este martes el ministro de Economía Gabriel Oddone, en virtud del contrato firmado por el gobierno de Lacalle Pou con la empresa Katoen Natie (Terminal Cuenca del Plata).

“Hay un contrato que tiene firmado el Estado uruguayo con la terminal de contenedores, y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer", dijo el ministro el martes en rueda de prensa, y aseguró que el contrato con Katoen Natie “limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional”.

El abogado de Neltume Ports (Montecon) Gonzalo Lorenzo señaló que no hay limitación alguna para construir otra terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, y citó el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del año pasado.

“La realidad es que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fin del 2025 determinó que la cláusula que en definitiva se anuló, que era la que establecía restricciones para que pudieran concederse otras terminales especializadas, era violatoria del orden público de Uruguay. Era violatoria de la ley de promoción y defensa de la competencia. Quiere decir que el Estado y los particulares deberían ajustarse a las normas de orden público del país”, dijo Lorenzo.

“Esto lo determinó la sentencia y por lo tanto son las partes de ese contrato las que tienen que determinar si ese contrato puede efectivamente seguir adelante, o ejecutarse en esa parte o deberían tomar alguna medida”, agregó el abogado de Montecon.

“Para nosotros, en base a lo resuelto por esta sentencia, el Estado tiene las facultades para hacer un llamado para una segunda terminal, o más terminales en el futuro. Es justamente lo que dice el TCA, que no puede restringirse el Estado la posibilidad de establecer otras terminales”, destacó.

“Además, lo que dice el Tribunal y lo que dice la ley es que estos servicios deben darse en régimen de libre competencia y tratando de evitar los monopolios de hecho, que es a lo que llevaba esa cláusula que se anuló”, concluyó.

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